Allanaron Procuración General por sospechosa compra de edificio

  El inmueble bajo observación judicial se abonó $43.850.000 y hubo comisiones pagadas por $7.700.000.

La Justicia Federal allanó cuatro sedes de la Procuración General de la Nación a cargo de Alejandra Gils Carbó, en el marco de una causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la compra de un inmueble de parte de ese organismo.

Fuentes judiciales confiables comunicaron que -por orden del juez JuliánErcolini, y tras un pedido del fiscal Eduardo Taiano-, la Policía Metopolitana concretó diversos allanamientos en cuatro sedes oficiales y dos inmuebles particulares en búsqueda de documentación.

Los operativos se centraron en una sede de la inmobiliaria Jaureguigerry Asesores que participó de la operación de compra-venta del inmueble donde funciona la Procuración General, y a la casa de Guillermo Bellingi, el funcionario del organismo que ya fue separado de su cargo a raíz de esta causa.

En los allanamientos también fue secuestrada la computadora de Bellingi y en el edificio central de la Procuración se hizo entrega de los registros de visitas al despacho de ese ex funcionario: se concretaron operativos en la sede administrativa de la Procuración, en la Avenida de Mayo; en el edificio en cuestión, y en otras dos dependencias del organismo que se encuentran ubicadas en la calle 25 de Mayo y en la avenida Belgrano.

El contador Bellingi se desempeñaba en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y antes había sido subdirector general de la Procuración.

La investigación tuvo su punto de partida en una denuncia contra Gils Carbó por los presuntos delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, a partir de la compra en 2013 del edificio de la calle Perón 667, lugar donde la procuradora tiene su despacho.

Fue el fiscal federal Carlos Rívolo quien realizó la investigación preliminar que apunta no sólo a Gils Carbó sino también a su ex marido Héctor Alonso, vinculado con la inmobiliaria que intervino en la operación.

La sospecha surgió a partir del pago de una comisión de 8 millones de pesos a la inmobiliaria Jaureguiberry Asesores, por parte de la firma Arfinsa SA, mientras que la primera de ellas subcontrato a Juan Thill para que intercediera en la operación.

Thill es hermano de Bellingi, quien era subdirector general de la Procuración cen momentos en que se hizo la compra y ahora quedó bajo la lupa.

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