El juez federal Ariel Lijo allanó ayer las dependencias de la División Trata de Personas de la Policía Federal. Lo hizo luego de recibir la denuncia de una ex empleada administrativa de ese área, quien declaró que la jefatura de esa Division le cobraba coimas a los prostíbulos y que existía complicidad policial en la explotación sexual de menores.
Lijo escuchó la declaración de Nancy Margarita Miño el jueves y casi de inmediato tomó intervención en el caso Asuntos Internos de la Federal. «Se abrió un sumario para deslindar responsabilidades. Vamos a esperar hasta que el juez avance en su investigación para determinar sanciones», explicaron voceros de la fuerza.
Segun pudo chequear este diario con fuentes policiales y judiciales, la denunciante -hija de un policia retirado- lleva trabajando en la Federal unos 15 años. Pasó por varios destinos y el último fue la División Trata de Personas.
«Ella cuenta que pidió su traslado y se lo concedieron el 23 de abril, pero se dio cuenta de que trabajaría con la esposa de su ex jefe y entonces decidió pedir licencia», explicaron fuentes judiciales.
La denuncia de Miño -que trabajaba como empleada administrativa- fue extensa. Por un lado, sostuvo que, como habla guaraní y vende lencería, en la División le encargaron hacer inteligencia en varias causas relacionadas con locales de prostitución.
En ese marco, la mujer asegura haberse enterado de que la jefatura de la División recibió una coima de 50.000 pesos por proteger a dos proxenetas con captura. También denunció que su jefe estaba implicado en la explotación de dos menores, las que iban a ser introducidas en uno de los boliches investigados.
Ante esto, Lijo secuestró ayer documentación, aunque la causa se vio afectada por la difusión de la denuncia en los medios.
