Los abogados de los siete detenidos por el crimen del militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra reclamaron que sean revocados sus procesamientos y, en consecuencia, los acusados recuperen la libertad inmediatamente.
Cuatro abogados incluso plantearon la nulidad de todo lo actuado por la jueza de instrucción Wilma López, quien dictó los procesamientos con prisión preventiva.
La Sala I de la Cámara del Crimen porteña celebró esta mañana las audiencias «in voce» por las apelaciones presentadas por los defensores del barra brava de Defensa y Justicia Cristian Favale y los integrantes de la Unión Ferroviaria (UF) Pablo Díaz, Juan Carlos Pérez, Jorge González, Francisco Pipitó, Guillermo Uño y Gabriel Sánchez, acusados por el crimen de Ferreyra, ocurrido el 20 de octubre pasado.
Por su parte, las querellas pidieron que se confirmen los procesamientos y las prisiones preventivas porque los acusados actuaron bajo un «plan común» en el marco de un «acuerdo criminal».
El tribunal le informó a las partes que se tomarán los cinco días hábiles que le otorga el Código Procesal Penal para resolver y el próximo miércoles les notificará su decisión. La audiencia, celebrada ante los jueces Jorge Rimondi, Alfredo Barbarosch y Luis Bunge Campos, tuvo lugar en la sede de la Cámara, sobre la calle Viamonte, enfrente del Teatro Colón, hasta donde llegaron militantes del PO que incluso pernoctaron en las cercanías realizando una «vigilia» antes del trámite judicial.
Los argumentos de los abogados coincidieron, en líneas generales, en descalificar el valor probatorio de los elementos recolectados por la jueza y por la ex fiscal del caso y actual viceministra de Seguridad Cristina Caamaño. En ese sentido consideraron que la fundamentación de los procesamientos fue «arbitraria» y «aparente».
Los letrados pidieron las excarcelaciones de sus clientes porque casi ninguno tiene antecedentes penales (Favale tiene una suspensión de juicio a prueba por tenencia de arma) y solicitaron que se recalifique la acusación de «homicidio agravado» por la de «lesiones en riña», ya que en los procesamientos no se estableció quién fue el autor del disparo que mató a Ferreyra y de los que hirieron a otras tres personas.
Otros, entre ellos el penalista Carlos Froment, defensor de González y Díaz, pidió la nulidad de todo lo actuado porque entiende que se violó el «debido proceso», ya que no les fueron exhibidas las pruebas de cargo a los imputados y durante la instrucción coexistieron la investigación de la fiscal y la de la jueza.
Por su parte, el abogado querellante en representación del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Alberto Bovino, sostuvo que hubo un «acuerdo de voluntades» de los integrantes de la UF para atacar a los manifestantes.
En el mismo sentido se expresó la letrada María del Carmen Verdú al señalar que hubo un «plan criminal perfectamente organizado», por lo que pidió la confirmación de los procesamientos.
En tanto, la abogada del PO, Claudia Ferrero, pidió a la Cámara la aceptación como querellantes de esa organización y de la hija de Elsa Rodríguez, una de las víctimas del ataque, lo que fue rechazado por la jueza López.
Ferreyra murió de un tiro en el estómago el pasado 20 de octubre cuando con otros militantes de izquierda apoyaba el reclamo de empleados ferroviarios tercerizados despedidos y fueron atacados por una patota de la UF.
En los hechos también fueron heridos de bala Nelson Aguirre, Ariel Pintos y Rodríguez, quien se encuentra internada.
La resolución de la Cámara es de importancia para la causa, porque en caso de confirmar los procesamientos avalaría la investigación de la jueza que podría continuar la pesquisa hacia los líderes de la UF y la actuación de la Policía Federal.
La fiscal Caamaño -que dejó la causa al asumir como viceministra de Seguridad de la Nación- había pedido hace un mes la indagatoria del secretario general de la UF, José Pedraza, y de otro dirigente del gremio, Juan Carlos «Gallego» Fernández, por su presunta vinculación con los hechos.
