Abogado de Pedraza se opuso al juicio oral

El sindicalista ferroviario José Pedraza, detenido por el crimen del militante del PO Mariano Ferreyra, se opuso a la elevación a juicio oral de la causa en la que está imputado, reclamó su sobreseimiento y su inmediata libertad.

A través de un escrito presentado por su abogado, Carlos Froment, Pedraza calificó de «sorpresiva» e «ilógica» la decisión de la jueza de instrucción Wilma López de enviar la causa a juicio oral, pues cuando adoptó esa decisión «se encontraba pendiente la realización de la prueba más importante: si el proyectil que le quitara la vida a Ferreyra había impactado en forma directa o había sido producto de un rebote».

Sobre esa pericia construyó el abogado Froment el planteo para sobreseer a Pedraza, quien fue procesado -según su criterio- a raíz de «la imaginación del fiscal (Fernando Fiszer) para suponer una intención manifiesta de matar y desde allí, por una vía por demás arrevesada, crear una instigación que incluía este resultado lesivo».

«La herida que diera muerte a Ferreyra se produjo por un proyectil que previo a ingresar en su cuerpo rebotó contra el piso», insistió el escrito.

Además, resaltó que tampoco habría tentativa de homicidio respecto de la herida Elsa Rodríguez, «dado que el proyectil que impactara en su cabeza cayó de arriba hacia abajo, es decir llovido, por lo cual tampoco se advierte que el que disparara tuviera una intencionalidad que requiere el delito por el cual se dictara auto de procesamiento».

Ambos puntos fueron específicamente rebatidos por el Fiscal Fernando Fiszer, en su requisitoria de elevación a juicio, en el Capítulo 7 de su extenso escrito, de 107 páginas.

Para Froment, la elevación de la causa a juicio «aparece más como un acto necesario para concluir una etapa en forma rápida y con un resultado determinado que implique un fuerte impacto mediático, que como un impulso procesal tendiente a lograr esclarecer los hechos que se investigan».

Por ello, pidió a la Jueza López «revocar de oficio el auto de procesamiento dictado en contra tanto de Pedraza como de Juan Carlos Fernández («el Gallego», número dos del sindicato) ya que no hay posibilidad jurídica alguna que permita dejar que continúen detenidos quienes no pudieron ser instigadores ya que no hay instigación en delitos culposos».

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