Los doce represores exonerados por el Ministerio de Seguridad fueron condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la causa denominada «Circuito Camps», una red de 29 centros ilegales de detención.
A través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Seguridad bonaerense informó que, a través de la Auditoría General de Asuntos Internos, exoneró a doce efectivos de la Policía de la provincia de Buenos Aires, entre ellos al comisario general Miguel Etchecolatz, condenado a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
En este sentido, la cartera encabezada por Cristian Ritondo remarcó que, «a pesar de haber sido condenados por cometer delitos de lesa humanidad», los doce represores «todavía pertenecían a la fuerza, ya que figuraban como retirados y conservaban sus condiciones como policías».
Se trata de Carlos García, ex comisario general; Horacio Elizardo Luján, ex comisario mayor; Bernabé Jesús Corrales, ex comisario mayor; Fernando Svedas, ex comisario mayor; Miguel Gerónimo Kearney, ex comisario inspector; Raúl Orlando Machuca, ex comisario inspector; Sergio Arturo Verduri, ex comisario inspector; Pedro Antonio Ferriole; ex comisario inspector; Mario Víctor Nicodemo Sita, ex suboficial mayor; Luis Vicente Patrault, ex suboficial principal; y Santiago Antonini, ex suboficial principal.
Todos ellos fueron condenados en 2012 por el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1 de La Plata, presidido por el entonces juez Carlos Rozansky por delitos cometidos en seis centros clandestinos de detención: la Brigada de Investigaciones de La Plata (BILP), la Brigada de Investigaciones de San Justo (BISJ), la Comisaría 5.ª de La Plata, el Destacamento de Arana, la Subcomisaría de Don Bosco «Puesto Vasco» en Quilmes y el Comando de Operaciones Tácticas 1 (COT1) en Martínez.
El juicio abarcó -entre otros casos- las torturas y la desaparición de los jóvenes de la Unión de Estudiantes Secundarios secuestrados en 1976 durante la Noche de los Lápices; el ataque a la casa de la calle 30 donde policías y militares asesinaron a cuatro militantes montoneros y robaron a Clara Anahí, la nieta de tres meses de María Isabel Chorobik de Mariani en la ciudad de La Plata; el secuestro y torturas a Jacobo Timerman; y los crímenes cometidos contra la familia Graiver, Adriana Calvo y Jorge Julio López.
En ese proceso fueron juzgados 26 represores -entre ex policías y ex militares- y por primera vez se juzgó a un civil con rango de ministro durante la dictadura: Jaime Lamont Smart, ex ministro de Gobierno bonaerense.
En las 90 audiencias que se llevaron a cabo quedaron involucradas 280 víctimas. Para ello se citaron a declarar a más de 400 testigos entre sobrevivientes de los CCD, familiares, amigos y especialistas o testigos de concepto.
