Los legisladores hicieron un inédito mea culpa por los casos de corrupción y anunciaron que endurecerán las sanciones a quienes estén involucrados en ilícitos.
El Congreso de Chile realizó este martes un inédito mea culpa ante los casos de corrupción por irregulares financiamientos de campañas políticas de parte de empresarios que han provocado la pérdida de confianza y credibilidad de los chilenos hacia los políticos.
En ese marco, los legisladores anunciaron que darán celeridad a la aprobación de una serie de proyectos enviados por la presidenta Bachelet, para endurecer las sanciones para parlamentarios que estén involucrados en ilícitos.
Entre las medidas mencionadas, el Congreso pidió a la presidenta congelar las dietas parlamentarias, una mayor regulación de las asignaciones para legisladores, y la pérdida del cargo a los representantes que caigan en graves faltas a la probidad.
En una histórica jornada pública, la primera que realiza el Congreso en 204 años de existencia, los parlamentarios realizaron un reconocimiento por los casos de corrupción que han provocado un terremoto en la política chilena, y que hasta el momento han puesto en el banquillo de los acusados a cuatro políticos opositores, dos de ellos legisladores, imputados por fraude tributario.
«Hemos vivido tiempos complejos. Reconozco que muchas veces no hemos estado a la altura de lo que la ciudadanía esperaba de nosotros. En el campo político y empresarial se han evidenciado prácticas que estamos decididos a erradicar», dijo Patricio Walker, presidente del Senado, durante el acto en el cual participó la presidenta Michelle Bachelet y que se realizó en el Congreso en Valparaíso.
La presidenta Bachelet también ha sido afectada por los casos de corrupción, ya que su credibilidad entre los chilenos bajó de 22% en marzo a 19% en julio según un sondeo de la empresa Cerc- Mori, difundido en esta jornada.
La justicia chilena investiga el financiamiento irregular de campaña por parte de los grandes conglomerados empresariales Penta y Soquimich a políticos oficialistas y opositores, casos que salieron a luz a partir de septiembre pasado.
El senador, Iván Moreira y el diputado Felipe de Mussy, ambos de oposición, han sido acusados por delitos tributarios, ya que entregaban a las empresas boletas o facturas a sus contabilidades por actividades que no realizaban, y por la que las compañías descontaron impuestos.
Al poseer fuero parlamentario no se les aplicaron medidas cautelares. Otros dos políticos de oposición también han sido acusados, mientras que otra docena deberán comparecer ante la justicia.
«Es necesario, es urgente separar definitivamente la influencia del dinero en la política y en los asuntos públicos de la democracia», afirmó, por su parte, Manuel Núñez, presidente de la Cámara de Diputados.
