A pesar de las desmentidas y deslinde de responsabilidades, que el Ministro de la Suprema Corte de Justicia de La Nación, brindó a los medios, la ONG La Alameda, vuelve a denunciar al Juez Eugenio Zaffaroni, de tener responsabilidad respecto de los hechos que ocurren en departamentos de su propiedad, que se encuentran alquilados por montos que superan los valores generales por varios miles de pesos.
Un nuevo escándalo pone en aprietos el juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Raúl Zaffaroni. La Alameda, una ONG contra la trata de personas, denunció ante la Procuración General de la Nación, que preside Esteban Righi, que ya son seis los departamentos que están a nombre del magistrado y que funcionarían como “prostíbulos VIP”.
Según publicó hoy la ONG en su página web el sexto departamento en cuestión, que fue declarado como propio por el magistrado en 2003 (antes de asumir en el máximo tribunal del país), se encuentra “sobre la avenida Santa Fe 1240 10° “A”, en pleno barrio de Recoleta.
Este prostíbulo se sumaría a la lista de cinco departamentos a cargo del magistrado donde, según denuncian, funcionan prostíbulos VIP. “Las tarifas para la explotación de mujeres son altísimas. La cantidad de chicas varía según los pedidos de los clientes y no reparten volantes, sino que hacen el contacto por teléfono”, señala el sitio web.
Para dejar asentado que la última propiedad descubierta pertenece al magistrado, la Alameda publicó una copia de las expensas donde figura impreso su nombre junto al resto de los propietarios del edificio en cuestión. Además, describe: “Este nuevo prostíbulo a nombre de Zaffaroni funciona en un edificio donde la planta baja existe una galería comercial. El prostíbulo lo atiende Ana Touche, una actriz porno, según los dichos de comerciantes y vecinos de la zona”.
De acuerdo a lo citado en la página web por la ONG, Zaffaroni sería propietario de quince inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires. “Al menos en cinco de ellos, funcionaban prostíbulos bajo la modalidad de privados. En al menos tres de ellos las mujeres explotadas eran inmigrantes (paraguayas y dominicanas), por lo que puede presumirse la existencia de trata de personas”, afirma la ONG y cita la ubicación de los inmuebles: Vicente López 2217 5º “19”, Pasaje Luis Dellepiane 668 3° “8”, Paraguay 877 1º “A”, Marcelo T. de Alvear 1906 9º “A”, Bacacay 3112 6 “B” y avenida Santa Fe 1240 10° “A”.
Las denuncias de la ONG se basan en testimonios de vecinos, fotografías, entre otras pruebas que implicarían al magistrado.
En declaraciones a Página 12, Zaffaroni afirmó: “Es obvio que no puedo administrarlos personalmente, de modo que tengo un apoderado y una inmobiliaria que los alquila”, haciendo alusión que no sabía lo que sucedía en los departamentos.
Según la Alameda, la Procuración General de la Nación ya giró copia certificada de la denuncia presentada por la ONG ante la fiscalía anti trata UFASE que preside Marcelo Colombo y remitió toda la documentación a la Fiscalía Correccional Nº 7 de Edgardo Orfila que lleva la causa, iniciada el 15 de diciembre de 2009.
