El hombre de 72 años residía en Punta del Este, y podría recibir una pena máxima de hasta 12 años de prisión.

Un empresario argentino fue detenido este miércoles en la localidad uruguaya de Maldonado, acusado de lavar dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación. Se trata de Oscar Gilberto Calvete, de 72 años, quien fue arrestado por Interpol, que lo había marcado con una circular roja luego de que el Tribunal N°5 de San Martín pidiera su captura a nivel internacional.

El acusado se encuentra radicado desde hace muchos años en el país rioplatense, e incluso, cuenta con documentación uruguaya. Según fuentes policiales, se le atribuye haber puesto en circulación en el sistema financiero argentino bienes provenientes de actividades delictivas del cártel, con el fin de darles apariencia licita.

Calvete residía en Punta del Este desde hacía algunos años, aunque sin realizar una actividad específica. Tras su captura, la Justicia determinó su arresto administrativo en Uruguay por el plazo de 30 días, hasta que se resuelva la extradición para cumplir una pena máxima de hasta 12 años de prisión.

La investigación

Gerardo González Valencia, líder de la banda de «Los Cuinis«, la cual funcionaba como brazo financiero del cártel mexicano Jalisco Nueva Generación, fue detenido en 2016 en Uruguay y extraditado en 20202 a los Estados Unidos. Quien fuera cabecilla de esta organización vivió en Argentina hasta 2012 junto a su familia, tiempo en el que conoció a Calvete.

Se presume que el hombre de 72 años recibía dinero del cártel y lo invertía en bienes oficiando de testaferro de Valencia. La plata le llegaba a través de transferencias bancarias y depósitos en efectivo de elevadas sumas de dinero, maniobra que se venía realizando desde 2008.

«En definitiva, se probó que entre el año 2009 y 2011 la citada sociedad comercial recibió aproximadamente 1,8 millones de dólares de parte de la accionista mexicana, determinándose que ésta última poseía vínculos con el grupo delictivo mexicano», aseguró un fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Casación de San Martín.

La empresa investigada, dedicada -en los papeles- al rubro de bares y confiterías, fue creada en febrero de 2009, con un su domicilio fiscal registrado en una torre de Puerto Madero, donde vivían cuatro personas de nacionalidad mexicana. El domicilio para constituir la sociedad, una casa en Ituzaingó, fue atribuido al primer imputado en la causa, la cual comenzó ese mismo año, cuando uno de los mexicanos chocó el Chevrolet Astra que manejaba, el cual era propiedad del supuesto testaferro.