El sistema de salud cruzó una línea de no retorno. La decisión de la Justicia Federal de avanzar penalmente contra la obra social vinculada a UPCN en Mar del Plata —con allanamientos en la sede central de CABA y una investigación por desobediencia a órdenes judiciales (Art. 239 del Código Penal) a raíz de demoras críticas y decesos— marca un antes y un después en la gestión prestacional del país.
Ya no se trata de una simple sanción administrativa o de un amparo resuelto con un giro financiero a destiempo. La lupa del fiscal federal Carlos Martínez y del juez Santiago Inchausti busca identificar nombres propios «puertas adentro» en la toma de decisiones que frenaron tratamientos y cirugías de urgencia.
Bajo la óptica analítica que exige la coyuntura, este fallo sienta un precedente de alto riesgo para todo el sector:
- La judicialización de la salud entra al fuero penal: La unificación de expedientes y la investigación por presunta relación causal entre la desatención y el agravamiento o fallecimiento de afiliados transforma la inercia administrativa en un pasivo penal directo para las autoridades de los financiadores.
- El colapso de las filiales y la red prestacional: Casos resonantes en la región —como el bloqueo de medicación oncológica denunciado por investigadores y pacientes— desnudan una tensión insostenible entre la retención de aportes y la efectiva cobertura del PMO en el interior del país.
- La responsabilidad en la cadena de mandos: El requerimiento de expedientes internos y trazabilidad de amparos obliga a las gerencias médicas y legales de obras sociales y prepagas a revisar de manera urgente sus circuitos de autorización, bajo la amenaza de convertirse en imputados ante un incumplimiento de mandas judiciales.
El Gurú se hace las preguntas que nadie en el establishment sanitario se anima a formular en voz alta:
¿Dónde está el Sr. Rodríguez? ¿Así es como la conducción sindical vela por la salud y la vida de sus afiliados? Mientras los aportes se evaporan en estructuras millonarias y redes de poder, el ajuste y el descarte humano convertidos en método de gestión.
¿Qué hace UPCN ante este descalabro? ¿Van a seguir mirando para otro lado mientras sus bases sufren el vaciamiento prestacional y el cierre de delegaciones?
¿Y la Superintendencia de Servicios de Salud? . . . va a seguir bailando al ritmo de la inercia burocrática o va a intervenir de una buena vez ante semejante colapso prestacional y penal? Las omisiones regulatorias también son complicidad.
¿Hasta cuándo van a seguir sosteniendo este modelo de desidia?
El blindaje corporativo y la burocracia de ventanilla ya no son escudo suficiente. La justicia empieza a exigir cuentas con el Código Penal en la mano.
Fuente: El Gurú de las prepagas
