Una jueza ordenó a Shell-Raizen que reincorpore a un trabajador despedido por su activismo en defensa de la salud de sus compañeros y de la población de Dock Sud, localidad del partido de Avellaneda.

No es la primera vez que la Justicia ordena la reincorporación de Gustavo Michel –46 años, casado, tres hijos, operario y brigadista en la planta de Shell-Raizen en Dock Sud– luego de un despido injustificado. Mejor dicho: justificado en su actividad gremial, aunque convenientemente ocultado en el telegrama de la empresa. Sin embargo, la resolución que hizo lugar a la medida cautelar de reinstalación provisoria en su puesto de trabajo dictada por la jueza de primera instancia Stella Maris Vulcano, y luego confirmada por la Cámara Nacional del Trabajo, reconoció el derecho a proteger no sólo la actividad gremial, sino también las acciones en cuidado del ambiente, lo que marca un precedente. 

“Desde que entré a la empresa en 2008, además de operario, cumplo funciones de brigadista, que es el típico trabajo que realiza un bombero; intervengo en derrames, accidentes, emergencias y en tareas de rescate y siempre he denunciado la contaminación que se produce tanto dentro de la refinería como también fuera”, explica Michel.

Ese afán protector le valió represalias por parte de la empresa. En 2014 lo despidieron, luego de armar una lista opositora a la conducción del Sindicato de Petróleo y Gas de Avellaneda (SPYGPA), por lo que tuvo que acudir a la Justicia, que le dio la razón y obligó a Shell-Raizen a reincorporarlo. En 2021, lo suspendieron tres días por exigir mejores condiciones de seguridad, luego de un incendio que casi le provoca la muerte a un compañero.

La última fue el 13 de enero de este año, cuando en un operativo de seguridad desmedido le prohibieron, junto a otros nueve trabajadores (todos con algún grado de actividad o participación gremial), el ingreso a la planta y le entregaron el telegrama de su desvinculación alegando el artículo 245 bis, incorporado en el texto final de la Ley Bases y que habilita las cesantías discriminatorios, sin causa y sin posibilidad de la reinstalación, estableciendo como medida reparatoria solo un resarcimiento de tipo económico.

“A diferencia de cuando me despidieron en 2014 –reflexiona Michel–, ahora la empresa está más fortalecida por el momento político. La Ley Bases es un respaldo para despedirte si no les gusta tu piel, tu religión o lo que sea. La decisión de primera instancia puso por encima del artículo 245 leyes que protegen la actividad gremial, que incluso son derechos contemplados en la Constitución. Este fallo es importante porque va en contra de Milei y de las empresas que quieren acabar con tus derechos”.

Cuerpos contaminados

La jueza Vulcano consideró que “existen indicios sobre la actividad de carácter ambiental del actor (en referencia a Michel), y de una actividad apuntada al cuidado del ambiente de trabajo y prevención del personal”. También destacó que “es un reconocido activista sindical y referente para sus compañeros de trabajo, que bregó siempre por la continuidad laboral de sus 97 compañeros, el poder adquisitivo de ellos, el cumplimiento de las condiciones de seguridad necesarias para evitar accidentes y problemas de la salud por consecuencia de los contaminantes que produce la empresa”.

Michel enumera que en la refinería tienen “productos cancerígenos como el asbesto en las cañerías” y que “a varios compañeros les salió que tenían benceno y tolueno en la sangre, que también son sustancias altamente cancerígenas”.

“No sale nada en las noticias –continúa indignado–, pero los trabajadores lo vemos a diario, aunque sea difícil documentarlo. Vemos, por ejemplo, la orilla del río con asfalto; vemos la contaminación en nuestros cuerpos, pero también en los alrededores de la refinería; vemos chicos con plomo en la sangre. Uno ve eso y se te pone la piel de gallina, pero no hay ninguna solución y todo está agravado porque tenemos un gobierno que le da cero importancia al tema del ambiente. Por poner solo un ejemplo, desmantelaron ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo y hubo un montón de derrames de hidrocarburos en el río, pero nadie hizo nada. Las empresas se aprovechan de que no exista ningún control y no hacen las inversiones que deberían hacer para resguardar a sus empleados y a la comunidad»

Tanto la jueza Vulcano como la Cámara resolvieron darle a Shell-Raizen un plazo de 24 horas de notificada la resolución para que proceda a la reinstalación de Michel, pero todavía no cumplió. Por cada día de “rebeldía” la empresa debe pagar una multa de, apenas, cincuenta mil pesos.

“Me despidieron en enero y en abril hubo un accidente en la planta donde un compañero se quemó con agua de la caldera y a las semanas murió en el hospital. Esto pasa por negligencia, por flexibilizar las cuestiones de seguridad. Lo más triste es que después de las muertes no hay culpables”.

ACUMAR: la cuenca sin control

ACUMAR es un ente autárquico creado en diciembre 2006 tras la denuncia colectiva de un grupo de vecinos de Villa Inflamable por los altos niveles de contaminación, lo que derivó en un fallo histórico de la Corte Suprema conocido como “Causa Mendoza”. Una de las funciones del organismo era controlar a las empresas como Shell-Raizen que vierten fluidos en la cuenca, relocalizar a las personas que viven a la vera del curso de agua, avanzar con la construcción de cloacas y la puesta en valor de los márgenes. Sin embargo, desde la asunción de Javier Milei, el organismo se encuentra en una situación de parálisis por la falta de recursos humanos y económicos lo que se traduce en el abandono del plan de saneamiento que mejoró la calidad de vida de más de cinco millones de personas que habitan la cuenca.

Las obras del Matanza Riachuelo en stand-by

Tras una inversión de más de 1200 millones de dólares y con el 90% del proyecto terminado, la obra más importante para la recuperación del río está paralizada. Asombra la tranquilidad con la cual se deja en suspenso una inversión multimillonaria cuando faltan pocos pasos para su concreción.

Conclusión

Lo concreto es que han pasado los años desde que se dicto el «Fallo Mendoza». En el medio pasaron gobiernos de distintos partidos políticos, funcionarios y hasta escándalos judiciales por los negocios millonarios en dólares que se mueven en las operaciones de la empresa al punto de que nunca se cumplió con la relocalización de la planta. El más conocido tuvo al Juez Federal de Quilmes Luis Armella, quien pudo sortear inexplicablemente una investigación en su contra luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo apartara de la ejecución de la Causa del Saneamiento del Riachuelo.

La Corte solicitó a la Justicia Penal que investigue la responsabilidad que le corresponde también a los funcionarios de la empresa AySA y del CEAMSE, en virtud de las contrataciones directas llevadas a cabo, en el contexto del Plan de Saneamiento del Riachuelo y que involucran a las empresas M&T, Gildin SA, Tierras Provinciales SA, Kartonsec SA y Vial Rogo SA, entre otras.

La medida adoptada por la Corte fue la derivación de una denuncia promulgada por el Ejecutivo Nacional, denunció penalmente al juez federal Luis Armella y solicitó su remoción ante el Consejo de la Magistratura, por la “posible comisión de delitos” en su función de ejecutar la sentencia de la Corte Suprema que dispone el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Las denuncias citan las notas periodísticas publicadas por Página/12 donde se informó que “un grupo de empresas vinculadas con el magistrado obtuvieron contratos millonarios sin licitación”; también se basan en la investigación que, a partir de esas notas, la Corte Suprema encargó a la Auditoría General de la Nación y que “ratifica lo adelantado por la investigación periodística”. Los cargos contra Armella son: “estafa contra la administración pública”, “violación de los deberes de funcionario público” y “negociaciones incompatibles con la función pública”, con pena de hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua. Ante el Consejo de la Magistratura y sobre las mismas bases, el pedido de juicio político es por “palmario mal desempeño”, ya que el juez Armella “ha perdido las condiciones necesarias para continuar en el ejercicio de su cargo”.

Ambas presentaciones están suscriptas por Juan Manuel Abal Medina, jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, con el patrocinio de Angelina Abbona, procuradora del Tesoro de la Nación. La denuncia penal señala “la posible comisión de delitos de acción pública” por Luis Antonio Armella, titular del Juzgado Federal Nº 1 de Quilmes, a quien la Corte Suprema de la Nación atribuyó la competencia para la ejecución de su dictamen que, el 8 de julio de 2008, dispuso el saneamiento de la cuenca.

Detrás de la impunidad con la que la empresa Shell-Ryzen contamina, se esconden otros negocios multimillonarios en Dock Sud, vinculados a la contaminación por el mal tratamiento de residuos patológicos que ingresan al país, y la actividad sin control ambiental de una mega empresa como lo es Exolgan perteneciente a a Autoridad Portuaria de Singapur (PSA, en inglés), el máximo operador de puertos en el mundo, con actividad en 28 terminales y en 16 países.

A pesar de la gravedad que las actividades presuponen en la salud de la población no solo de Dock Sud o Avellaneda, ya que camiones sin controles del Estado recorren la provincia de Buenos Aires con material contaminado del que se desconoce su origen y peligrosidad, durante años, deliberadamente se ha omitido siquiera realizar estudios oficiales sobre el impacto en el medio ambiente y la salud de los habitantes que conviven con estas millonarias empresas, de yapa el denominado Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud, es un claro ejemplo de lo que está mal en cuanto a la omisión de controles y oscuros negociados en la designación de sus directores.

Este desarrollo es para ubicar la verdadera dimensión de la relevancia de las denuncias de contaminación que realizó el trabajador despedido Gustavo Michel, porque su caso puede ser la ficha que produzca «el efecto dominó» que desnude la corrupción detrás de la contaminación.

En el caso puntual de Shell-Raizen el encubrimiento no es solo político y judicial, en la planta intervienen tres sindicatos, Camioneros, Petróleo y la UOCRA, los dos últimos con denuncias de sus afiliados que además de no tener representación alguna, si intentan denunciar la condiciones laborales o presentar listas opositoras son «apretados» incluso con agresiones físicas por patotas de estos gremios.

La Prefectura Naval Argentina, dependiente de Patricia Bullrich parece que solo están presentes para blindas las empresas, reprimir a los trabajadores y participar de actos y ceremonias, pero de controles y prevención NADA.

Fuentes: Tiempo Argentino, Página/12, Clarín, La Nación, Infobae, Diario El Sindical

Fotografía Silvana Safenreiter