Trabajadores de la Dirección de Contaduría del Gobierno porteño, nucleados en ATE Capital, denunciaron en la Legislatura el «desguace» de la dependencia por parte del Ejecutivo local para «evitar los controles de los movimientos económicos de la Ciudad».
«Tenemos que oponernos con firmeza a esta política de desguace de Mauricio Macri y defender la Contaduría», afirmó el dirigente de ATE Marcelo «Nono» Frondizi, durante la conferencia de prensa que ofreció el gremio junto a legisladores porteños de la oposición.
En ese marco, los trabajadores denunciaron el intento de cierre de la Dirección de Contaduría, que comenzó hace apróximadamente hace un año cuando se les quitó el control de las «cajas chicas» de las áreas de Ceremonial de cada Ministerio de la Ciudad.
«Les molestaba el control de la Contaduría porque nosotros detectamos que se hacían mal las rendiciones», explicó el delegado Gustavo Moreno, quien precisó que en el caso del sector que depende de Horacio Rodríguez Larreta «se destinan 50.000 pesos de caja chica para Ceremonial que son renovables a medida que se van gastando».
El dirigente también aseguró que existen «irregularidades» con el pago a los proveedores del Estado, donde «existen contratos que se van readecuando sin siquiera haber comenzado las obras».
La intención del Gobierno porteño se reforzó, según los trabajadores, en mayo de este año con el decreto 393 para descentralizar las liquidaciones de gastos y órdenes de pagos a cargo de la Dirección mencionada.
«Este decreto de descentralización implica el intento de ocultar el movimiento económico de la Ciudad y dividir nuestra tarea en 16 partes que dependerán directamente de los Ministerios y Agencias porteñas», agregó Moreno.
En ese sentido, el legislador Gonzalo Ruanova expresó que «la Contaduría es la dependencia que nos nutre de información para poder auditar y denunciar cuando hay fondos públicos que van a lugares donde no tiene que ir».
Por su parte, el legislador Martín Hourest mostró su preocupación por que la medida del Ejecutivo porteño «encubre un proceso de vulneración sobre el principio en que está basado el sistema de control del Gobierno contemplado en la ley 70» sobre sistemas de gestión, administración financiera y control del sector público de la Ciudad.
