Trabajadores de la Seguridad repudiaron la designación de un nuevo interventor en su obra social

El delegado de la seccional lomense de la Unión Personal de Seguridad (UPSRA), Emanuel Agüero, repudió la designación de un nuevo interventor en la obra social del gremio y exigió que la intervención “quede sin efecto inmediato”. “Queremos que nos devuelvan la obra social a manos de los trabajadores”, insistió.

Desde hace más de tres años la obra social de los trabajadores de la seguridad, OSPSIP, se encuentra intervenida por decisión del gobierno Nacional. Este año, el nuevo interventor designado es Jorge Alonso, quien estará encargado de regularizar y controlar la obra social en reemplazo de Jorge Banegas.

El delegado regional de UPSRA, denunció a Banegas y aseguró que durante su año de gestión “vaciaron la obra social, despidieron a más de 150 personas injustificadamente y centralizaron la atención de todo el país en Buenos Aires”.

De acuerdo con Agüero, Banegas “despidió a personas con más de 20 años de antigüedad para darle los contratos a sus aliados del pseudo Sindicato Unidos Trabajadores Custodios Argentinos (SUTCA)”, un gremio al cual el delegado denunció de ser “ilícito”.

“Vinieron a tomar revancha porque no pudieron quedarse con el sindicato en la época del macrismo”, apuntó Agüero.

El pedido para el nuevo interventor

Si bien Agüero fue contundente y subrayó que desde el gremio reclamaron que la intervención “quede sin efecto inmediato” para que pase “a manos de los trabajadores”. Ante la imposición de un nuevo interventor van a demandar una reunión “urgente” para que Alonso “haga bien su trabajo”.

“Nuestra obra social está abandonada, fue vaciada. Jorge Banegas se cansó de dar contratos a la gente de SUTCA, queremos que se haga una investigación profunda y que Alonso denuncie a quien corresponda”, demandó Agüero y continuó: “hoy en día la obra social no funciona. Por eso exigimos la reincorporación de los trabajadores y que vuelvan las prestaciones a nivel nacional”.

Para finalizar, Agüero culpó al “supuesto Estado nacional y popular” de la “deuda con las obras sociales” y aseguró que “es culpa del Estado que se haga negocios con la salud de la gente”.

“Queremos que la intervención se deje sin efecto porque sostenemos que la obra social debe ser sustentada por sus trabajadores”, remarcó.

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