El radioaficionado, de 60 años, apresado el martes en su casa de Monte Grande, se negó a prestar declaración indagatoria ante el juez federal Ariel Lijo. Esta acusado de ser el autor material de las amenazas recibidas el pasado 11 de diciembre en el helicóptero en en que viajaba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Se trata de Néstor González, de 60 años, apresado este martes en su casa de Monte Grande y quien este miércoles se negó a prestar declaración indagatoria ante el juez federal Ariel Lijo, informaron a Télam fuentes judiciales.
Tras pasar su primera noche detenido, poco después de las 14 el radioaficionado llegó esposado al juzgado en el tercer piso de los tribunales del barrio porteño de Retiro.
Asesorado por la defensora oficial Silvia Otero Rella, se negó a prestar declaración indagatoria en un breve trámite tras el cual quedó alojado en la comisaría 28.
Este jueves será trasladado nuevamente al juzgado para ser sometido a una pericia de voz, que será contrastada con la que se escucha en las grabaciones de las interferencias.
La defensa pidió la excarcelación, algo sobre lo cual debe dictaminar el fiscal Eduardo Taiano y luego resolverá Lijo, quien se tomará las 24 horas de plazo de las que dispone antes de resolver.
Al dar sus datos personales en la indagatoria, el detenido aseguró ser «técnico en computación» y se limitó a decir que por ello tenía en su casa tantos equipos informáticos.
En un legajo de antecedentes en poder del juzgado figura que además sería «técnico mecánico en aviación civil» y por el momento no surgieron vínculos con fuerzas de seguridad ni antecedentes penales.
González ya había sido sancionado por la Comisión Nacional de Comunicaciones por episodios similares al ocurrido con el helicóptero presidencial.
En principio, está imputado por el artículo 194 del Código Penal que reprime con prisión de tres meses a dos años a quien » sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas».
La investigación judicial busca confirmar en primer lugar si González fue quien profirió los insultos y amenazas. Luego, la pesquisa se encaminará a establecer si actuó de manera «aislada y personal» o hay «posibilidad de que esté vinculado con otros grupos», se explicó.
Para ello se ordenaron cruces telefónicos y pericias a varias computadoras secuestradas en su vivienda de Monte Grande.
Además en el lugar se encontraron antenas portátiles, direccionales y fijas, equipos de comunicación y grabaciones clandestinas de conversaciones de la torre de control del Aeroparque porteño.
También había dos armas, una escopeta calibre 12 y un revólver.
En el procedimiento hecho en su vivienda, a cargo de la división Seguridad Interior de la Policía Federal, se secuestraron equipos de comunicación para interferir comunicaciones y «otras pruebas que lo vinculan» al episodio sucedido el 11 de diciembre último.
Ese día se detectaron cinco interferencias cuando el helicóptero «H-03» de la flota presidencial llevaba a la primera mandataria desde la Residencia de Olivos a la Casa de Gobierno.
