Audiencias Públicas para designar nuevos consejeros, definición de la política salarial de jueces, fiscales, defensores y asesores tutelares, y facultad de Gobierno del Poder Judicial, los cambios.
En la última sesión ordinaria del año, la Legislatura porteña aprobó, minutos antes de iniciar el tratamiento del presupuesto 2013 para la Ciudad de Buenos Aires, un proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Consejo de la Magistratura porteño. La modificación a la ley 31 sancionada pasadas las 22 horas, se basó en dos proyectos consensuados impulsados por el legislador PRO Daniel Presti, y el titular del bloque Proyecto Sur, Julio Raffo.
De la mezcla, aportes y recortes de los proyectos de Raffo y Presti resultó una propuesta que entre sus puntos más relevantes plantea a propuesta del PRO, sumar al Consejo de la Magistratura la función de “gobierno” del Poder Judicial , a las tradicionales funciones de selección de magistrados y administración. También se aprobó incorporar la competencia para “establecer la política salarial del poder judicial y del Ministerio Público con consulta al mismo, excluido el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires” garantizando “el principio de porcentualidad y la uniformidad de la escala” (hasta esta modificación, la política salarial de las fiscalías, defensorías y asesorías tutelares era definida por las autoridades de cada una de las tres áreas del Ministerio Público).
También, en base al texto diseñado por el legislador de Proyecto Sur, se incorpora la imposibilidad para que los consejeros puedan ejercer su cargo “simultáneamente con cualesquiera de los siguientes cargos: Miembro del Jurado de Enjuiciamiento; Jurado en los concursos convocados por el Consejo de la Magistratura; Juez o magistrado del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Además extiende de 1 a 2 años luego de la finalización de sus funciones la imposibilidad de ser designado juez o funcionario del Ministerio Público. “Igual impedimento rige para los miembros suplentes, hubieren o no asumido en reemplazo de los respectivos titulares, hasta después de transcurrido un (1) año desde la finalización del mandato del titular”, expresa el despacho que fue llevado a votación este jueves en el recinto porteño.
Otro punto que incluye la propuesta de modificación de la Ley 31 plantea que “hasta el 31 de enero de cada año los Consejeros presentarán la actualización de sus respectivas declaraciones juradas, debiendo presentar una última actualización dentro de los treinta (30) días corridos anteriores a la fecha de finalización de su mandato”. La forma en que la Legislatura elegirá en el futuro a sus 3 representantes en el Consejo también fue reformada. El texto acordado y aprobado incorpora en el proceso, plazos para la designación y la celebración de una audiencia pública “diez (10) días posteriores a la publicación de los antecedentes y los quince (15) días anteriores a la sesión especial” la cual si bien no será vinculante, permitirá que los legisladores y la ciudadanía conozcan las capacidades de los candidatos a ser consejeros. La reelección de los miembros de las comisiones (actualmente la renovación es anual); mayores competencias para la Comisión de Administración Financiera, como supervisar y fiscalizar la Oficina de Administración y Financiera, y “realizar auditorías y efectuar el control de legalidad, informando periódicamente al Plenario”; y el incremento de 500 a 700 mil unidades de compra, en las contrataciones a cargo del Administrador del Poder Judicial, fueron otras modificaciones aprobadas por el Parlamento porteño.
LA REFORMA QUE NO FUE
El proyecto original impulsado por el PRO planteaba, entre varios puntos que quedaron en el tintero, una modificación en el número de votos necesarios para iniciar un proceso de juicio político contra los magistrados porteños.
A raíz de la oposición de los magistrados porteños a que se alteren las mayorías para impulsar un jury de enjuiciamiento, expuesta en varias reuniones con autoridades del Consejo, de la Legislatura e incluso del Poder Ejecutivo por parte de los representantes del Colegio de Magistrados y de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires (MAFUCABA), finalmente el artículo que planteaba esta modificación fue quitado del proyecto sancionado.
Los jueces se reunieron a principios de esta semana con Mauricio Macri en un desayuno en el Club de Amigos. Allí le manifestaron su disconformidad con reducir el quorum y el número de votos necesarios para impulsar el inicio de un proceso de juicio político contra magistrados porteños. Según pudo saber Noticias Urbanas, en dicha reunión los jueces argumentaron fuertemente que una modificación en este sentido podría convertirse en un mecanismo de presión política sobre la independencia judicial. Ante ese planteo, el Jefe de Gobierno se comprometió en que indicaría a los legisladores del bloque PRO que den marcha atrás a esta modificación.
