Los ex subcomisarios Marcelo Gustavo Godoy y Pablo Javier Sosa fueron condenados por cobrar como coima 10.500 pesos y la transferencia de un auto, para liberar a un ladrón de autos en la comisaría de Villa Adelina.
Dos ex subcomisarios de la Policía bonaerense fueron condenados a nueve años de prisión por haber cobrado como coima una suma de 10.500 pesos y la transferencia de un vehículo, para liberar a un ladrón de autos en la comisaría de la localidad de Villa Adelina.
Se trata de Marcelo Gustavo Godoy y Pablo Javier Sosa,, quienes recibieron esa pena al término de un juicio realizado en el Tribunal Oral Criminal Nro. 1 de San Isidro y ser encontrados como responsables de los delitos de «extorsión en concurso real con encubrimiento en modalidad de favorecimiento personal triplemente agravado por su calidad de funcionario público, ánimo de lucro y por ser consecuencia de un hecho especialmente grave».
En la sentencia, se calificó a los dos jefes policiales como «delincuentes de uniforme» y los inhabilitaron por el mismo tiempo de la condena para ejercer cargos públicos.
Al momento de aplicar la pena, se consideró como agravantes que los imputados eran dos oficiales jefes, que la extorsión y el pago se hicieron «puertas adentro de una seccional policial», lo que permitió mayor «impunidad», y el daño causado a la administración de justicia.
También tuvieron en cuenta que al detenido que luego liberaron, lo golpearon y colgaron de los pies dentro de la comisaría y el riesgo potencial que implicó sacarlo de la cárcel, sabiendo que había estado preso por cometer «delitos violentos».
Además, en el mismo veredicto, se condenó a Juan Pablo Farías, sindicado como testaferro del subcomisario Godoy, a 6 años de prisión, al hallarlo «partícipe necesario» de extorsión y coautor de encubrimiento y ordenaron extraer testimonios para que se investigue la posible comisión de delitos por parte de otros policías de la comisaría 8ª de San Isidro, que se cree que encubrieron a sus jefes.
Esta causa es el desprendimiento de otra que se inició con el robo a un empresario en su casa de San Isidro, siguió con la detención del entonces jefe distrital de esa zona -el comisario inspector Raúl Papa-, acusado de encubrir a los delincuentes, y siguió con el desbaratamiento de la denominada «Banda de los Rosarinos», que robaba autos en el conurbano para desguazarlos o «reempapelarlos» y venderlos en la ciudad santafesina.
Según la fiscalía, la extorsión policial ocurrió el 10 de mayo de 2012, luego de que la banda le robara a un Volkswagen Gol a una mujer en la zona de Carapachay.
