La Secretaria General de Presidencia, a cargo de Karina “Alta Coimera” Milei, contrató con un sueldo millonario a Rocío Gómez, una joven de 23 años sin currículum .

El relato anticasta del Gobierno de Javier “Jamoncito” Milei vuelve a chocar contra el Boletín Oficial: esta vez, el foco está puesto en Karina “Alta Coimera” Milei, quien firmó la designación y posterior prórroga de Rocío Gómez, una militante libertaria de 23 años quien a guiarse por su famélico currículum no estaría capacitada ni para hacer la O con el culo del vaso.

Gracias al dedo magnánimo de “El Jefe”, Gómez percibiría alrededor de 3,6 millones de pesos brutos mensuales por desempeñarse como coordinadora de Seguimiento de Proyectos Gubernamentales. Y encima, todo por izquierda, mediante un mecanismo de excepción a los requisitos habituales del empleo público

La historia tiene los ingredientes que el oficialismo suele denunciar cuando apunta contra sus adversarios: cargos jerárquicos, salarios millonarios, vínculos políticos y procedimientos administrativos que esquivan los mecanismos ordinarios de selección. La diferencia es que, en este caso, las preguntas apuntan directamente al corazón de la administración libertaria.

De acuerdo con la publicación, Gómez fue designada mediante la Resolución 168/2025, con categoría B, grado 0 y un suplemento correspondiente a la Función Ejecutiva IV. Para concretar el nombramiento, se habría aplicado una excepción al artículo 14 del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), que establece requisitos de formación y experiencia para acceder a determinados cargos.

El interrogante no es menor: ¿Cuáles fueron los antecedentes profesionales que justificaron la designación y por qué se recurrió a una excepción en lugar de un procedimiento abierto que permitiera evaluar a otros aspirantes?

Dedo del “Jefe” mata concurso

El caso suma otro capítulo incómodo. Según trascendió, el nombramiento transitorio establecía un plazo de 180 días hábiles para convocar al correspondiente concurso público de oposición y antecedentes. Sin embargo, el procedimiento no se habría realizado y, una vez vencido el plazo, Karina Milei firmó la Resolución 530/2025 para prorrogar la designación.

Así, una medida presentada inicialmente como transitoria habría continuado sin que se completara el mecanismo de selección previsto. La situación obliga a preguntar qué razones administrativas justificaron la continuidad del nombramiento y por qué no se avanzó con el concurso público.

La publicación también vincula el desembarco de Gómez con el entorno de Eduardo “Lule” Menem, subsecretario de Gestión Institucional, y con Sharif Menem, en el marco del armado juvenil de La Libertad Avanza. Esos vínculos políticos, por sí solos, no prueban irregularidades, pero vuelven todavía más relevante que el Gobierno transparente los criterios utilizados para asignar el puesto y los recursos públicos asociados.

Motosierra para algunos, cargos para otros

La contradicción política es evidente. Mientras la administración de Milei justifica despidos, recortes y restricciones presupuestarias en nombre de la eficiencia y la reducción del gasto, aparecen designaciones con remuneraciones elevadas cuya tramitación despierta dudas sobre la aplicación de los principios de idoneidad y transparencia.

El problema no es la edad de Gómez ni la militancia política en sí misma. El punto central es si el Estado utilizó los procedimientos correspondientes para cubrir una función pública y si existen antecedentes verificables que respalden tanto la designación como la remuneración asignada.

Claro que esta no es la primera vez que sucede algo así: se puede registrar otros casos de funcionarios cuyas designaciones o prórrogas habrían recurrido a excepciones similares. Nombres como Alberto Oscar García, María Alejandra Miguez, Carlos Andrés Basmajian Luzzi y Carolina Patricia Raggiati integran una lista de larga extensión.

La reiteración de mecanismos de excepción merece una explicación pública, especialmente cuando el discurso oficial sostiene que el acceso al Estado debe regirse por la competencia y el mérito.

La casta está más viva que nunca

Desde su llegada al poder, Milei convirtió la lucha contra los privilegios de la política en una de sus principales banderas. Sin embargo, casos como el de Gómez alimentan las críticas sobre la distancia entre esa promesa y las prácticas de contratación dentro de la propia estructura gubernamental.

Si el Ejecutivo considera que los procedimientos de selección pueden flexibilizarse por razones operativas, debería explicar cuáles son esas razones, qué tareas concretas cumple cada funcionario y qué mecanismos garantizan que los salarios se correspondan con las responsabilidades asignadas.

La transparencia no puede ser una exigencia reservada a los gobiernos anteriores ni una consigna que se aplica únicamente cuando los cuestionados pertenecen a otra fuerza política. Los recursos públicos exigen los mismos controles para todos. Pero mientras el Gobierno exige sacrificios a trabajadores y sectores enteros de la sociedad, Karina Milei deberá explicar por qué una joven militante llegó a un cargo jerárquico con un salario de 3,6 millones de pesos sin que se concretara el concurso previsto.

Porque si la motosierra es para todos, los privilegios administrativos también deberían quedar bajo revisión. Y si la meritocracia es la regla, la Casa Rosada tiene la oportunidad de demostrarlo con documentación, concursos y explicaciones verificables.