Rachid se ausentó en tribunales y Morgado ratificó sus denuncias contra ella

El extitular del INADI ratificó este mediodía ante la Justicia la denuncia contra su exvice por «maltrato laboral» y contrataciones irregulares de personal.En tanto, la Fundadora de la Federación Argentina de Lesbianas Gays Bisexuales y Trans no se presentó en el juzgado.

Pese a que estaba previsto que también concurriera María Rachid, sólo Claudio Morgado se presentó en el juzgado federal de Ariel Lijo para presentar documentación sobre presuntas contrataciones irregulares y maltratos laborales de su exsubordinada.

En diálogo con la prensa al término de la audiencia, Morgado aseguró que en el INADI hubo «situaciones de violencia laboral» y que fue víctima por parte de Rachid de «agravios sistemáticos».

Pero también le apuntó a las aspiraciones de la referente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (FALGBT) al afirmar que su candidatura en la Ciudad «le hace muy mal al proyecto nacional».

El pronunciamiento del exconductor televisivo se da en momentos en que el oficialismo decidió correr de la campaña porteña a la dirigente, ante la posibilidad de que perjudique en las aspiraciones de Filmus.

«Rachid no representa y le hace muy mal al proyecto nacional», disparó Morgado, quien aseguró que no tiene nada que ver con los otros integrantes de esa lista de candidatos.

Ante el juez Lijo, Morgado aportó las 14 denuncias contra Rachid por «acoso» laboral y la lista de 40 contratos de personal que la dirigente firmó arrogándose funciones que presuntamente le correspondía únicamente al presidente de la entidad.

En ese sentido, aportó incluso documentación que acredita que ante una designación de personal cuestionada por él, Rachid proponía elevar en consulta a la Jefatura de Gabinete a cargo de Aníbal Fernández, de quien se sabe es su ahijada política.

El ex presidente del INADI volvió a acusar ante el juez a su entonces segunda, de sustraer documentación de ambas sedes del INADI, una sobre la avenida Diagonal Norte y la otra en la calle Moreno al 700, ambas de la Capital Federal.

También la acusó de mantener como rehén a personal del INADI durante la semana pasada, al cerrarles con llave varias oficinas e impedirles la salida del edificio de Diagonal Norte.

Morgado, quien fue echado al igual que su exsegunda tras el escándalo, dijo que «no puede haber situaciones de maltratos en un organismos de derechos humanos» como lo es el INADI.

El exconductor televisivo volvió a acusar a Rachid de realizar un «golpe institucional», y aprovechó para defender su gestión en el organismo: «fue realmente intensa, si tuvimos problemas administrativos fue por desprolijidades no por ninguna gestión impura como pretende esta señora».

En la puerta de los Tribunales, Morgado -asesorado por el exfiscal y abogado Eduardo Guarna- acusó a Rachid de «poner palos en la rueda» en el organismo, donde «se vivieron situaciones humillantes y de muchísima violencia».

A su vez, minimizó la denuncia en su contra que hizo Rachid por presuntas irregularidades y aseguró que la misma «tiene que ser sustancial» y que «debe presentarse» ante la Justicia.

Rachid se ausentó a la audiencia convocada para las 10:00, en la que debía ratificar su denuncia, alegando que no fue debidamente notificada, aunque el juzgado lo negó.

Por medio de un colaborador, Rachid presentó un escrito ante el juez informando sobre la «no notificación», y según se prevé volverá a ser convocada para la semana próxima a fin de ratificar su denuncia.

Días atrás, Rachid acusó a Morgado de utilizar fondos del INADI para gastos personales, y de otras irregularidades durante su gestión.

«El Estado no tiene por qué pagar los celulares de la esposa ni los almuerzos al señor Morgado, ni pagar contratos de gente que no va a trabajar», apuntó Rachid.

Mientras tanto, se prevé que Lijo corra vista a la fiscalía para que dictamine si impulsa o no la investigación penal.

La pelea que Rachid y Morgado protagonizaran a fines de la semana pasada, desembocó en que dejaran sus cargos, y que el Poder Ejecutivo decidiera intervenir el INADI por 180 días.

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