Propuesto por el presidente Mauricio Macri en una terna, y con los votos de Cambiemos más algunas “aprobaciones con reparos” del PJ y FpV, el Senado Nacional designo al juez Juan Carlos Nacul, como titular del juzgado federal de Villa Mercedes.
La designación, por 51 votos contra 13, generó el rechazo de organismos defensores de los Derechos Humanos de San Luis y de Villa Mercedes, debido a que Nacul ya había sido impugnado por su participación en el Gobierno del genocida Bussi, durante la dictadura cívico-militar , cuando se lo propuso para el mismo cargo -que ahora ocupará en Villa Mercede- en la Provincia de Jujuy, además entre sus antecedentes está el de haber defendido al célebre represor tucumano Mario Oscar “Malevo” Ferreyra.
Según publica el portal San Luis Noticias, desde el Observatorio Municipal de DDHH, alertaron sobre esta propuesta, por lo que solicitaron a los Senadores Nacionales de la Provincia de San Luis, que no presten acuerdo a dicha postulación.
“A los Diputados Nacionales oficialistas, Claudio Poggi y Jose Riccardo les solicitamos que se expidan en contra y soliciten lo mismo a sus pares del Senado Nacional y al propio Poder Ejecutivo que retire la postulación del mencionado Nacul.”, había advertido el Observatorio. Pedido que, finalmente, no encontró eco entre los legisladores citados.
El Juzgado Federal de Villa Mercedes había sido creado por ley hace más de 10 años, pero nunca pudo ponerse en marcha, pese a los permanentes pedidos que se hacían desde San Luis a la Legislatura Nacional.
El nuevo organismo judicial era una necesidad cada vez más latente, ya que todas las causas de competencia federal debían investigarse en el único juzgado de ese fuero que hay en San Luis, con sede en la capital de la provincia.
El nuevo Juzgado no solo tendrá jurisdicción en Villa Mercedes, sino también en los departamentos San Martín, Chacabuco, Junín y Dupuy.
Oscuros antecedentes
Nacul fue funcionario de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán durante la dictadura, asesor del bloque de Fuerza Republicana en la Legislatura provincial entre 1996 y 1999 y también abogado del Malevo Ferreyra, uno de los genocidas que participó del Operativo Independencia en 1975, fue denunciado por su actuación en secuestros y desapariciones y se suicidó en el mismo momento que iba a ser detenido.
