La jueza de instrucción Susana Wilma López procesó a seis oficiales de la Policía Federal acusados de liberar la zona del barrio porteño de Barracas en la que el 20 de octubre pasado fue asesinado el militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra por una patota de barras bravas y empleados de la Unión Ferroviaria (UF).
Fuentes judiciales informaron que entre los procesados se encuentran Hugo Lompizano, ex titular de la Superintendencia Metropolitana de la Policía Federal y pasado a disponibilidad por este caso, y Jorge Raúl Ferreyra, comisario de la División Roca de la Policía, que estuvo a cargo del operativo.
Los policías fueron acusados del delito de abandono de persona agravado seguido de muerte y agravado por daño a la salud, en el que está incluido el incumplimiento de los deberes de funcionario público, que tiene una pena de hasta 15 años de prisión.
La magistrada también procesó, en todos los casos sin prisión preventiva, a Luis Alberto Echevarría, segundo de Lompizano; a Gastón Conti, principal de la Dirección General de Operaciones; a Rolando Garay, subcomisario de la comisaría 30, y al comisario inspector Luis Mansilla, jefe del Departamento de Control de Líneas.
Los procesamientos habían sido solicitados por el fiscal Fernando Fiszer y las querellas del PO y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
En tanto, fue absuelto David Villalba, agente de la División Exteriores de Video de la Policía, quien tuvo a su cargo la filmación del operativo pero no registró el ataque de la patota de la UF.
Los oficiales participaron del operativo en el que fue asesinado Ferreyra -en Perdriel y Pedro de Mendoza de Barracas- de un balazo en el estómago y fueron heridas de bala otras tres personas, durante un reclamo laboral de empleados ferroviarios tercerizados.
Por el hecho ya están procesados y detenidos el titular de la UF, José Pedraza, y otras nueve personas que irán a juicio oral y público como instigadores y autores materiales del hecho.
En una resolución de 135 páginas, la jueza procesó a los policías por no evitar la agresión, franquearle el paso a los atacantes, no recoger pruebas para la investigación ni preservar la escena del crimen, y por haber utilizado para comunicarse teléfonos personales cuyas conversaciones no quedaron registradas.
La investigación arrojó que desde allí «se dieron directivas que son contrarias al servicio que debían cumplir», pero no se logró identificar si las órdenes fueron dadas por Lompizano, Echeverría o Conti, principal de esa dependencia.
La investigación del fiscal Fiszer había arrojado que desde la Dirección General de Operaciones de la Policía, a cargo de Lompizano, «se dieron directivas que son contrarias al servicio que debían cumplir», entre ellas no utilizar los handies de la fuerza.
Lompizano fue pasado a disponibilidad por la ministra de Seguridad, Nilda Garré, ante las irregularidades detectadas en el operativo de seguridad.
La acusación contra los policías es la segunda etapa de la causa por el crimen de Ferreyra, luego de que fueran procesados y detenidos los presuntos autores intelectuales y materiales del hecho.
Pedraza, arrestado desde febrero pasado, y su segundo en el gremio, Juan Carlos «Gallego» Fernández, están procesados como presuntos instigadores del crimen para «aleccionar a los tercerizados» con el objetivo de «asegurar el poder económico y político» dentro del gremio, según la acusación de la jueza López, que elevó la causa a juicio.
Por el hecho también presos el barra brava de Defensa y Justicia Cristian «Harry» Favale y el empleado ferroviario Gabriel «El Payaso» Sánchez, acusados de ser quienes dispararon; los empleados ferroviarios Juan Carlos Pérez, Guillermo Uño, Jorge González y Salvador Pipitó y los delegados Pablo Díaz y Claudio Alcorcel.
Todos ellos fueron enviados a juicio, que estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal 21. El TOC inició la etapa de ofrecimiento de prueba y la semana pasada le negó la excarcelación a Pedraza, a Fernández y a otros acusados.
