Son cuatro integrantes de la Policía Federal, quienes fueron acusados de mantener ilegalmente cautivo a un canillita dentro de una comisaría. La víctima pagó una coima de 1.100 pesos para no ser acusada falsamente de “lesiones”.
Tres oficiales y un suboficial, todos pertenecientes a la Policía Federal, fueron procesados y se encuentran a la espera de ser sometidos a juicio, en una causa en la que se los acusa de haber mantenido cautivo de manera ilegal, dentro de una comisaría, a un canillita, a quien le obligaron a pagar una coima de 1.100 pesos para no “armarle”, en su contra, un expediente por “lesiones”.
Los efectivos implicados son el Inspector Marcelo Roberto Tapia, el Subinspector Fernando Maximiliano Alfaro, el Ayudante Saúl Andrés Ignacio Paz y el Suboficial César Alberto Rojas, quienes fueron procesados por presuntamente incurrir en los ilícitos de “Privación ilegítima de la libertad con abuso funcional, agravada por el empleo de amenazas, y concusión calificada por el uso de intimidación” en perjuicio de Hernán Héctor Cígola, propietario de un quiosco de venta de diarios y revistas ubicado en la esquina de avenida Córdoba y San Martín, en el barrio porteño de San Nicolás.
El suceso se produjo en la noche del 26 de noviembre de 2009, cuando el comerciante se hizo presente en la comisaría 1ª de la Policía Federal, existente en Lavalle 451, en la cual estaban dos de sus empleados, que momentos antes habían mantenido un incidente con una mujer de nombre Patricia, quien habría tratado de abonar, mediante un billete falso de 100 pesos, una revista, cuyo valor era de 9,70 pesos.
Cígola increpó a uno de los trabajadores por lo ocurrido y, entonces, esa situación habría sido aprovechada por los efectivos para retenerlo ilegalmente durante una hora dentro de la seccional. Los uniformados le dijeron al hombre que había golpeado a su empleado y que pensaban abrirle una causa por “lesiones”.
En tal sentido, Cígola manifestó que tuvo que pagarles 1.100 pesos a los uniformados para poder recuperar la libertad. El comerciante narró que le entregó parte del dinero a Alfaro, en el estacionamiento subterráneo de la comisaría y que, posteriormente, este oficial y el Suboficial Rojas lo trasladaron en un patrullero hasta su puesto de diarios, de donde la víctima retiró el resto de la suma.
Cígola agregó que, en ambas oportunidades, les hizo entrega del dinero a los efectivos mientras se hallaba sentado en el asiento trasero del móvil policial y a través de la reja divisoria de seguridad colocada en el habitáculo del auto, para lo cual se vio obligado a enrollar los billetes, que eran de baja denominación.
Al respecto, el comerciante indicó que cuando estaba dentro de la comisaría los policías le dijeron algunas frases como: “Hijo de puta, te vamos a meter una causa por lesiones y te vas a pudrir en el pozo. Acá nosotros tenemos testigos”, “¿Pensaste cómo vas a solucionar esto? Dale, que tenemos poco tiempo”, “Con 500 pesos no hacemos nada”, “Te estás comiendo un garrón, porque sos un laburante”, “¿No tenés a alguien para llamar para que te den una mano?” y “¿Vos no tenés 500 pesos más?”
Dos días después, Cígola formuló la denuncia de lo ocurrido en la Superintendencia de Asuntos Internos de la Policía Federal, lo cual provocó la apertura de un expediente en la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 24, a cargo del doctor Sandro Fabio Abraldes, quien comenzó a investigar lo sucedido.
Las diligencias desembocaron en un allanamiento efectuado en la sede de la mencionada seccional, oportunidad en la que se incautó diferente documentación, y en un informe confeccionado por la División Enlaces Troncalizados de la Policía Federal, con respecto al análisis del audio de las diversas modulaciones realizadas en la noche del 26 de noviembre de 2009 por el Comando Radioeléctrico. A su vez se logró comprobar, a las 20.02.58 del citado día, la existencia del llamado telefónico a los funcionarios policiales, de una mujer de nombre Patricia, quien concretó la comunicación mediante un aparato celular, cuyo número finalizaba en 8240.
Basándose en las distintas pruebas y testimonios, finalmente los policías fueron procesados por el doctor Fernando Mario Caunedo, responsable del Juzgado de Instrucción Nº 10, y ahora todos ellos esperan ser llevados a juicio.
Los investigadores consideran que hay suficientes indicios para catalogar a la denuncia de verosímil y que los policías involucrados en la maniobra coaccionaron moralmente al comerciante, bajo la amenaza de iniciar un expediente judicial en su contra por un delito inexistente.
saben que tendian que poner que todos los imputados fuimos sobreseidos y se comprobo q todo fue un invento del sr. cigola