Policías denunciados por violencia de género no podrán portar armas

Así lo dispuso el Gobierno. Es un reclamo que las organizaciones feministas hacían desde hace años.

De acuerdo a las estadísticas, el 8 por ciento de los femicidas era miembro de una fuerza de seguridad. Es por esto que las organizaciones feministas luchaban desde hace tiempo para que ante una denuncia, se les prohíba el uso del arma reglamentaria. La medida fue publicada ayer en el Boletín Oficial.

El Gobierno facultó a la Dirección Nacional de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad para que las fuerzas procedan a la “restricción de la portación, tenencia y transporte del arma” al personal en los casos en que exista denuncia por violencia de género o intrafamiliar. Así se dispuso por medio de la Resolución 471/2020 publicada el jueves en el Boletín Oficial, que lleva la firma de la ministra del área, Sabina Frederic.

La medida llega después de años de reclamos y de casos que tomaron estado público. De acuerdo a estadísticas de años anteriores, el 8 por ciento de los femicidas pertenecen a alguna fuerza de seguridad.

En agosto del año pasado, un policía de la provincia de Buenos Aires fue desafectado de la fuerza por amenazar y forcejear con su entonces pareja, quien se aferró a las rejas de una escuela, en Lomas de Zamora, y pidió ayuda de forma desesperada.

También vale recordar el caso de Beatriz López, quien era abusada sexualmente con el arma reglamentaria que su marido portaba por ser policía. Es la misma que utilizaba para apuntarle a su hija y para para amenazarla. Ella se defendió y en 2012 lo mató, pero pasó varios años detenida hasta que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 6 de Lomas de Zamora la absolvió en 2014. Dos años después, el Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó la absolución.

Qué dice la norma

El artículo primero establece que la restricción del arma regirá para el “personal de las fuerzas policiales y de seguridad federales en los casos en que exista denuncia por violencia de género y/o violencia intrafamiliar cuando sea considerado aconsejable en virtud de las circunstancias y gravedad del caso”. En este sentido, amplían en uno de los anexos las modalidades en la que se procederá a la restricción, que serán “preventivas o con medida cautelar”.

Se considerará el primer caso cuando “aún no mediando medida cautelar dictada por la autoridad judicial competente, y luego de la evaluación en concreto de una o más denuncias ingresantes por cualquier vía a la Dirección Nacional de Políticas de Género, sugieran que el arma de dotación pueda representar un riesgo inminente para la víctima”.

Además, “intervendrá una Junta de Reconocimientos de Médicos a fines de evaluar el estado psicofísico del personal denunciado, como así también su aptitud para la portación de armamento”.

En tanto, se considerará la modalidad “con medida cautelar” cuando “el personal se viera alcanzado por alguna de las medidas dispuestas por los artículos 26 de la Ley Nº 26.485 y/o 4º de la Ley 24.417”, precisa la resolución. En este caso la restricción podrá ser “parcial o total”.

Parcial cuando “permite a la persona afectada por la medida utilizar el arma de dotación solamente durante la jornada laboral, debiendo depositarla en la armería de su destino al culminar la misma”. En cambio, la restricción será total “ante la valoración de un caso grave como abuso sexual o tentativa de abuso sexual, lesiones graves, intento de homicidio/femicidio, cuando el personal denunciado se encuentre detenido a disposición de la justicia ante la posible comisión de un ilícito”, entre otras.

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