Plan antisindical : la CGT analiza ser “amicus curiae” en la causa

La posible participación como querellante de la organización apareció en primera instancia como un pedido lógico y ajustado a la conmoción política derivada de la filmación que difundió la Agencia Federal de Inteligencia. En la “mesa chica” de la central, sin embargo, comenzaron las dudas sobre esa figura tanto por sus implicancias jurídicas como políticas. En paralelo, uno de los cotitulares, Pablo Moyano, ya había encabezado el jueves una conferencia de prensa junto al titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, para anunciar presentaciones en tribunales locales y en foros internacionales.

En el plano estrictamente jurídico, una de las objeciones que se les planteó a los gremialistas es la dificultad para que los funcionarios judiciales terminen por aceptar a la CGT como querellante. La figura demanda que su impulsor demuestre una afectación directa por los delitos investigados en una causa. Hasta ahora las pesquisas se refieren al “Pata” Medina, un disidente de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) que se opone a Gerardo Martínez, miembro VIP de la “mesa chica” y referente de los denominados “independientes”, dirigentes con buen diálogo con todos los gobiernos.

En función del impacto político la causa podrá incorporar otras denuncias de dirigentes que alegaron haber sido igualmente perseguidos como el marítimo Omar “Caballo” Suárez (SOMU), Marcelo Balcedo (auxiliares de docencia, Soeme), el lechero Héctor Ponce (Atilra), Roberto Baradel (docentes bonaerenses, Suteba) y tanto Hugo como Pablo Moyano, entre otros. Ninguno de ellos con acceso al grupo reducido de decisiones de la central sindical. El razonamiento legal, de todos modos, señala que la CGT -máxima representación del movimiento obrero argentino- no tiene resortes administrativos sobre la soberanía interna de cada gremio como para alegar afectación directa por las maniobras de persecución.

Por debajo de esa línea argumental laten otras razones, políticas, asumidas en estricta reserva por algunos dirigentes. Respecto de las causas judiciales que acosaron a varios gremialistas, en algunos casos la dirigencia tradicional mantuvo silencio o incluso las promovió. De fondo, otro motivo para eludir la condición de querellante es la presunción de estar frente a una causa que podrá extenderse en el tiempo y superar la barrera de 2023, con la chance de que para entonces podría haber un retorno de los gestores del período 2015-2019, cuando se sustanciaron las cau-sas, los allanamientos, los procesamientos y las detenciones ahora en la lupa.

La figura del querellante le impone a su titular el impulso de la acción penal, la presentación de pruebas, el ofrecimiento de testigos. En cambio, la de “amicus curiae” que analiza la CGT como más viable sólo se presenta como de carácter consultivo. En los últimos años hubo casos emblemáticos donde la figura de “amigos del tribunal” tuvo relevancia y fue utilizada por la Corte Suprema como el que validó la constitucionalidad de la ley de Medios, la investigación sobre el saneamiento del Riachuelo, un juicio sobre la sindicalización de la policía y otro sobre la potestad de llamar a una huelga de parte de los gremios con simple inscripción.

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