Pinamar es un símbolo del poder que tiene la CORRUPCIÓN en la Argentina, donde funcionarios tanto electos, como el intendente, el gobernador y el presidente de la Nación juegan a los distraídos, a pesar que todos dicen querer lo mejor para los ciudadanos y prometen más seguridad.
A la fecha ninguna de las autoridades políticas ha demostrado interés alguno en hacer cumplir la Ley, por el lado del intendente Juan José Ibarguren heredó una estructura corrupta de su amigo Martín Yeza y decidió sostenerla a pesar de las irregularidades del Director de Obras particulares Nicolás Villalba, que se ha beneficiado por la inacción de la justicia que inexplicablemente no lo investiga en la muerte de Fausto Maldonado, han pasado varios meses y el Fiscal Juan Pablo Calderón no tiene justificativo alguno para investigar y tomar decisiones en la causa que permiten una elevación a juicio con los elementos de prueba.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof que a esta altura conoce o debería conocer bien el caso, sostiene como Ministro de Trabajo a Walter Correa un sindicalista que además de estar «flojito» de papeles frente al ARCA y no poder justificar su patrimonio, no ha tomado ninguna medida que haga se cumplan las normativas de seguridad para los trabajadores de la construcción a pesar de mostrarse muy seguido con distintos dirigentes de la UOCRA, la que se defiende de las denuncias de no controlar las condiciones laborales en que es el ministerio o el municipio los que deben hacerlo y aplicar las sanciones, eso sí, los delegados de la UOCRA, siempre se retiran de las obras con algún sobre que vaya uno a saber qué tienen en su interior.
Por el lado de la Nación, Javier Milei, es el jefe político por el momento de Patricia Bullrich, quien como Ministro de Seguridad de la Nación, parece ineficiente en investigar el lavado de dinero en Pinamar en sintonía con la justicia federal que registra una productividad negativa en delitos federales vinculados al narcotráfico y la Trata de Personas.
Es una gran incógnita el rol de la justicia local, que encabeza el Fiscal General Diego Escoda, quien suele reunirse con los intendentes del Departamento Judicial de Dolores a su cargo, pero pareciera que temas vinculados a la corrupción no están en la agenda de esos encuentros, incluso desde El Sindical se le solicitó información estadística al respecto y la respuesta de una de sus secretarias fue que ellos no tienen estadísticas, que eso se le pida a la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo funciona una Fiscalía General sin estadísticas propias?.
Muchas irregularidades en un pueblo chico del que maman muchos.
Seguimos acompañando el pedido de JUSTICIA POR FAUSTO y visibilizando las denuncias de su madre Carina Zabala.
Reclamo frente al Municipio de Pinamar
“Se ve un claro intento de usar la burocracia como herramienta para frenar esta lucha.”
Si hay algo que aprendí en 30 años de ejercer la docencia , es a nadar en el mar de la burocracia estatal. Por eso no crean que así van a frenar mí búsqueda de justicia.
Iván Renkine el «empresario» mimado y premiado por el poder local
El Colegio de Arquitectos —delegación Pinamar— se resistiría al Proyecto de Ordenanza Fausto.
Un proyecto que tiene como único objetivo regular la fiscalización de las obras en construcción, garantizando el cumplimiento efectivo de las medidas de seguridad para trabajos en altura.
¿Por qué hay resistencia?
¿Acaso no se sienten a la altura de ejercer su profesión cumpliendo con las leyes de higiene y seguridad en la construcción?
¿A qué le temen?
¿No les parece positivo brindar seguridad jurídica a los inversores del sector inmobiliario en Pinamar?
#SeguridadEnObrasEnConstrucción
Sirenazo 86 frente al Positive Tower 3 & 4
86 sábados consecutivos frente al Edificio Positive Tower donde a mi hijo Fausto lo mató una red de corrupción político empresarial. Pido justicia, lucho por justicia.
#justiciaporFausto#seguridadobrasenconstruccion
Por Marcelo Ricardo Hawrylciw
