A pocos días del final del año judicial y el comienzo de la Feria de enero, poco se ha hecho por la regularización del servicio de justicia en nuestro Fuero del Trabajo.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo no ha tomado las decisiones correctas y necesarias para agilizar el trámite de las causas, eternamente adormecidas tanto en Primera como en Segunda Instancia y los perjuicios a lxs trabajadores se siguen profundizando.

Las lentas reacciones frente al aislamiento que impuso la pandemia, parecen haber impuesto un nuevo ritmo, que se prolonga inexplicablemente, hasta nuestros días.

La vuelta a la presencialidad no parece haber tenido ningún impacto positivo en la actividad de los Juzgados que siguen resolviendo los planteos con un inaceptable «hacemos los que podemos», mientras los créditos laborales se licúan frente a una inflación imparable y una crisis económico-social inédita.

Nuestra Asociación ha denunciado esta situación y reclamado respuestas en todo momento y oportunidad. Hacen como que nos oyen, pero no escuchan.

Los máximos responsables tanto de la provisión de recursos materiales como de designación de jueces y personal necesario, eluden sus obligaciones mientras siguen atendiendo sus internas político partidarias, a expensas de la observancia de las obligaciones que tanto la Constitución Nacional como los Tratados Internacionales les imponen. En esta responsabilidad se incluyen los tres poderes del Estado: Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y dentro de este último, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura y la Cámara de Apelaciones de Trabajo.

Respecto de esta última debemos señalar que, por lo menos, debería haber expuesto y denunciado la situación que se vivió y se vive, así como los reclamos que dice haber formulado ante la Corte y el Consejo de la Magistratura. Los Judiciables y la Sociedad en general tienen el elemental derecho a conocer circunstanciadamente cómo funciona el Servicio de Justicia, que parecería no alcanzar la estatura de Poder del Estado.

Mientras se discutía la cuestión del impuesto a las ganancias sobre salarios de los miembros del Poder Judicial, se publicaban las estadísticas que muestran que seguimos teniendo Juzgados del Trabajo vacantes, que existen concursos para camaristas que no se resuelven por cuestiones político partidarias, que los expedientes permanecen sin movimiento durante largos meses por inacción de los magistrados y funcionarios judiciales, que el presupuesto para nuestro Fuero no contempla partidas específicas para atender la acuciante necesidad de incrementar la potencia de la señal de wi fi que permita que varias audiencias se celebren en simultáneo, de proveer de software a los Juzgados, de brindar seguridad edilicia y realizar los trabajos necesarios para garantizar la integridad de las personas que trabajan o concurren a esos edificios.

La falta de utilización del multimillonario Fondo Anticíclico por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para paliar las necesidades generadas por la pandemia en el funcionamiento del Poder Judicial y del Fuero del Trabajo en particular, resulta ser totalmente inexplicable puesto que el mismo fue creado para situaciones de emergencia como las vividas y cuyas consecuencias persisten. Esta situación motivó un pedido de información pública realizada por nuestra Asociación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual fue respondido parcialmente y en forma muy confusa, dejando en evidencia la falta de voluntad del más Alto Tribunal de querer utilizar tales recursos para lo que fueron creados.

A una crisis estructural histórica, se agregan las consecuencias de la pandemia que paralizó el Fuero durante cinco meses y aun hoy padece las consecuencias de una reactivación insuficiente, que deja clara la ausencia de un diseño adecuado de recuperación de la actividad, cuanto menos, a los niveles anteriores a la feria extraordinaria que acompañó al ASPO.

Las estadísticas de la CNAT ocultan más de lo que exhiben . No se publican en ellas el tiempo que los expedientes permanecen en etapa de prueba, causas que se encuentran a revisar para designar plazo para alegar, otras que permanecen esperando sentencia, tiempo de espera para disponer apertura a prueba, etc. Es decir, lo que detiene los expedientes por exclusiva responsabilidad de los Juzgados, permanece oculto o se disfraza para presentarlo como aceptable. El único dato confiable resulta, en definitiva, la cantidad de sentencias dictadas por cada Juzgado. Y ello, con un grado de disparidad inexplicable.

El reciente dictado del Acta 2764 que refleja la discusión interna y la falta de unidad de criterio de lxs camaristas en torno a la necesidad de establecer criterios de actualización de créditos, es otra muestra más de que el Fuero del Trabajo no está a la altura de la función que debe cumplir. Su aplicación aleatoria en Primera Instancia, contribuye al descrédito que respecto del Poder Judicial se acrecienta no sólo entre trabajadorxs y abogadxs cuyos ingresos dependen de su adecuado funcionamiento sino, como señalan las encuestas, entre la opinión pública.

La enorme cantidad de reuniones que mantuvimos desde marzo de 2020 a la fecha, los pedidos de información concreta formalizados a través de los mecanismos previstos por la ley 27.275 de acceso a la información pública, las denuncias en los medios y los nulos resultados obtenidos, dejan una conclusión: existe, por acción o por omisión, un mecanismo perverso de transferencia de recursos del trabajo al capital del cual el Poder Judicial y nuestro Fuero en particular, es cómplice.

Nuestra Asociación continuará denunciando a los responsables y exigiendo respuestas adecuadas hasta que cada trabajador que deba acudir a los Tribunales, encuentra allí una reparación justa, en tiempo razonable. Asimismo, una vez más, hacemos constar nuestro esfuerzo en utilizar todos los medios constitucionales que refieren al «mal desempeño» que conduce a la petición, si lo considerásemos oportuno y conveniente, de los respectivos Juicios Políticos de quienes fueran considerados responsables de este estado de cosas, y de extremar iniciativas para denunciar en todos los ámbitos e Instituciones Nacionales e Internacionales y requerir las sanciones que pudieran corresponder.

Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas