Las localidades de San Ignacio, San Pedro y 25 de Mayo denunciaron irregularidades en las auditorías de pensiones por invalidez realizadas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los operativos fueron conducidos por militantes libertarios, se detectaron firmas médicas falsificadas y las constancias emitidas fueron rechazadas por ANSES.
Las auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en Misiones desataron un fuerte escándalo institucional tras denuncias de irregularidades en las localidades de San Ignacio, San Pedro y 25 de Mayo. Beneficiarios y autoridades locales sostienen que los controles fueron ejecutados por militantes de La Libertad Avanza y que la ANSES rechazó las constancias emitidas, lo que dejó a cientos de pensionados en una situación de incertidumbre.
El vicegobernador Lucas Romero Spinelli calificó los operativos como “inadmisibles” y el Gobierno provincial presentó un recurso de amparo en la Justicia Federal. Según detalló, se falsificaron sellos y firmas médicas, se utilizaron lugares inapropiados —como un restaurante abandonado— y se delegaron trámites en militantes políticos en lugar de profesionales de la salud.
El gobierno de Misiones pidió la suspensión de las auditorias
En 25 de Mayo, el secretario de Gobierno Sebastián Rodríguez advirtió que la falta de información oficial generó temor entre los vecinos: “Se transmitió de boca en boca que podían cortar los beneficios, y eso preocupa mucho a la gente con discapacidad real que necesita apoyo del Estado”. Además, reveló que las cartas documento enviaban a direcciones inexistentes y que los certificados entregados fueron rechazados en las oficinas de ANSES.
Rodríguez sostuvo que los primeros 15 beneficiarios que acudieron a Oberá tuvieron un resultado negativo: “Les dijeron que no era una firma avalada o que eran fotocopias. Hubo personas que viajaron 60 o 70 kilómetros, con lluvia y caminos de tierra, y volvieron sin respuestas”.
En San Ignacio, la situación escaló cuando se detectó la falsificación de un sello médico. Cientos de beneficiarios fueron citados bajo amenaza de perder sus pensiones y recibieron constancias apócrifas con la supuesta firma del cardiólogo Leandro Peñaloza, de Pergamino. El propio profesional desmintió su participación: “El sello y la firma no son míos. Claramente hay una falsificación”, declaró, anticipando que radicará una denuncia penal.
Las condiciones de los operativos también fueron criticadas: largas filas a la intemperie, falta de sanitarios y auditorías realizadas incluso por estudiantes, lo que generó indignación. “Se está desinformando, se están vulnerando derechos y se está jugando con la gente”, concluyó Rodríguez.
El Gobierno de Misiones reclama que se suspendan las auditorías actuales y se garantice un proceso formal, transparente y con profesionales habilitados. Mientras tanto, cientos de pensionados quedaron atrapados entre constancias inválidas y el temor a perder su único ingreso.
