El juez federal Norberto Oyarbide analiza ampliar la investigación de la megacausa por la venta ilegal de medicamentos a otras obras sociales además de la Bancaria, si comprueba nuevas acusaciones, entre ellas las formuladas ayer por la ex ministra de Salud de la Nación, Graciela Ocaña.
“No se descarta que si se suman elementos se amplíe la causa a otras obras sociales”, explicaron fuentes del juzgado sobre la megacausa que investiga la entrega de medicamentos adulterados, vencidos o robados a enfermos de cáncer y HIV en la obra social Bancaria.
Además, la investigación incorporó ayer declaraciones testimoniales de las víctimas directas de las maniobras: parientes de fallecidos por enfermedades como cáncer que habrían recibido medicación adulterada al atenderse en la obra social Bancaria, informaron fuentes judiciales.
Por la mañana, Oyarbide recibió a la ex titular del PAMI Ocaña, quien dialogó con él sobre las maniobras investigadas.
Paralelamente “otra persona” cuya identidad no se reveló presentó un escrito con nuevas evidencias para el caso que podrían derivar en una “ampliación del objeto procesal hacia otras obras sociales, ya que hasta hoy la única investigada es la Bancaria”, detallaron las fuentes del caso.
En el juzgado se analizaba la documentación secuestrada en un allanamiento a una droguería ubicada en Forest al 700 de Capital Federal que resultó “ampliamente positivo” en el marco del seguimiento de la ruta de comercialización de los medicamentos adulterados contra el cáncer y HIV.
Por otra parte, comenzaron a tomarse las declaraciones testimoniales a familiares de pacientes fallecidos, que se acercaron en persona al juzgado o se contactaron vía telefónica, como una persona que “está viajando especialmente desde Uruguay” para declarar y aportar “pruebas concretas”.
Al dejar los tribunales federales de Retiro, la ex ministra de Salud Ocaña precisó que aportó “algunos elementos que surgen de la investigación que se estaba llevando adelante sobre lavado de dinero y cooperativas de créditos en las que se lo vincula a Lorenzo”.
La ex funcionaria se refería a Néstor Lorenzo, empresario del rubro farmacéutico detenido el viernes último y liberado al día siguiente, que está citado a declaración indagatoria aún sin fecha por Oyarbide y es el principal imputado en la megacausa que comenzó en 2007. La causa se inició a raíz de varias denuncias por suministro de medicamentos adulterados, con sospechas de haber sido robados o troqueles vencidos que quedaron unificadas luego en una megacausa.
Lorenzo habría sido el beneficiario de un “fideicomiso” que la Asociación Bancaria había solicitado a la cartera de Ocaña para adjudicar a dos droguerías la provisión de medicamentos de alto costo, que pagaba el Estado mediante créditos a las obras sociales.
El empresario fue sometido a ocho meses de escuchas telefónicas en el juzgado, luego de un allanamiento a su casa y a su droguería San Javier hecho en noviembre del año pasado.
En estas conversaciones habría quedado complicado el ahora ex subsecretario de Control Sanitario bonaerense, Alberto Costa, quien dejó su cargo ayer, ya que habría hablado con Lorenzo de un supuesto soborno a pagar en el negocio de la venta de medicamentos.
Las investigaciones apuntan a que los medicamentos se obtenían mediante contactos con piratas del asfalto que los robaban o mediante partidas sustraídas al Estado y que debían ser entregadas de manera gratuita.
Sobre el fideicomiso al que hizo referencia ante el juez, Ocaña sostuvo que los beneficiarios serían dos empresas: San Javier, perteneciente a Lorenzo, e Intermedicina, vinculada a Néstor Vázquez “que fue un ex funcionario de la Superintendencia de Servicios de Salud muy vinculado en los años 90”.
Vázquez, quien no está imputado en la causa judicial, fue gerente de la Superintendencia de Servicios de Salud durante la gestión de Héctor Capaccioli en el organismo que controla a las obras sociales.
