No es una novedad que los entes reguladores del Estado son un gasto enorme que por los resultados de sus gestiones bien podrían ser eliminados y ahorrarnos unos cuantos millones en su funcionamiento deficiente, sea por motivos de ineficiencia, de corrupción o ignorancia.
La actual interventora María Soledad Manin, pareciera en su formación de abogada y experiencia en la Defensoría del Pueblo de la Nación con más de 14 años de trabajo la persona más indicada para el cargo, pero los resultados de gestión y la mala atención a los ciudadanos confirman que nada ha cambiado, salvo las caras y los nombres.
Resulta necesario para los ciudadanos y clientes de las empresas, tener canales de reclamo interpersonales, que no todo sea un programa con un audio automatizado donde casi nunca se resuelve nada y para peor a veces ni el número de reclamo uno obtiene.
Los invito a escuchar la editorial al respecto.
Por Marcelo Ricardo Hawrylciw