El día de hoy se firmó un convenio entre el Estado Nacional y la Provincia de Salta, con el objetivo de poner rápidamente en marcha los equipos territoriales para avanzar con los acuerdos de parte entre la población indígena y la campesina, en el marco del fallo de Lhaka Honhat. El acuerdo establece que el Estado nacional, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), financiará los equipos técnicos que darán continuidad al diálogo intercultural para la delimitación y demarcación del territorio, junto a representantes de las comunidades indígenas y de las familias campesinas.
A través de esta iniciativa, se da un paso fundamental en el marco de la estrategia definida por el Estado nacional y la provincia de Salta para cumplir con las reparaciones establecidas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El convenio se inscribe en el marco de las acciones que coordina la Unidad Ejecutora de la sentencia, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y representa el eje «territorio» del plan integral para abordar la situación territorial y socioeconómica de las comunidades indígenas víctimas del caso, nucleadas en la Asociación Lhaka Honhat.
Estuvieron presentes en la reunión previa a la firma del acuerdo el jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y titular de la Unidad Ejecutora de la sentencia Lhaka Honhat, Nicolás, Rapetti; la Presidenta del INAI, Magdalena Odarda; la Ministra de Desarrollo Social de Salta, Claudia Silvina Vargas; el secretario de Asuntos Indígenas de la provincia, Luis Gómez Almaraz; y el director de Tierras del INAI, Martín Plaza.
Con la firma de este convenio, se avanza en el cumplimiento de la obligación principal impuesta por la sentencia y reclamada por Lhaka Honhat, consistente en garantizar las condiciones para la relocalización de la población campesina y el otorgamiento de un título único de propiedad para las comunidades indígenas.
El acuerdo establece que los equipos técnicos de la Unidad Ejecutora Provincial a cargo de la delimitación y demarcación territorial contarán con el monitoreo y acompañamiento permanente del INAI y de la Unidad Ejecutora, para garantizar la transparencia del proceso.
Asimismo, está prevista una instancia de control social a cargo de dos facilitadores de las comunidades indígenas y dos campesinos, que garantizarán la celebración de los «acuerdos de parte» que permiten la delimitación de las porciones del territorio asignadas a la población indígena y campesina.
Es importante destacar que el eje «territorio» junto al eje «agua segura para consumo humano» fueron sometidos previamente a un proceso de consulta previa, libre e informada (CLPI) celebrada por la Unidad Ejecutora, junto con INTA, MAGyP y MOP (financiada por el INAI), de la que participaron más 150 comunidades indígenas de la localidad de Santa Victoria Este. La CLPI se desarrolló en una semana de talleres participativos en distintas regiones del territorio, y contó con el apoyo de mapas, material gráfico traducido y con la presencia de intérpretes simultáneos en idiomas originarios. Durante los talleres, las comunidades hicieron sus aportes y sugerencias y acordaron con los ejes presentados por el Estado Nacional.
El caso
El reclamo por la entrega de un título único para todas las comunidades respecto de las tierras que ocupan ancestralmente llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el acompañamiento del CELS, en 1998. En el transcurso de todos esos años, los pobladores originarios y criollos se organizaron políticamente y llevaron adelante trascendentales negociaciones sobre el territorio, con la destacada participación del recientemente fallecido Coordinador de Lhaka Honhat, Francisco Pérez.
En 2018, el caso llegó a la Corte IDH, que ordenó al Estado ejecutar aquellos acuerdos, particularmente, delimitar, demarcar y otorgar los títulos de propiedad, y generar las condiciones para garantizar la relocalización de las familias criollas. Además, el Estado deberá elaborar un plan que permita asegurar el acceso y garantía de los derechos a la alimentación, el agua, el ambiente sano y la identidad cultural de las comunidades indígenas.
