A continuación transcribimos la nota de Daniel Arce publicada en Sin Censura, luego que cada uno saque sus propias conclusiones.
La noticia pasó desapercibida a pesar de su gravedad, debido al fárrago de anomalías constitucionales, legales, éticas y morales protagonizadas diariamente por el gobierno, del cual el periodismo vernáculo, hace el pan nuestro de cada día. En cualquier estado medianamente regido por estándares constitucionales y una mínima eficiencia gubernamental, el hecho de encontrar a dos individuos con equipo de vigilancia electrónica avanzada realizando escuchas telefónicas ilegales y uno de ellos portando una credencial apócrifa (según la policía) de nada menos que el «Servicio de Inteligencia del Estado» hubiera ameritado un revuelo mayúsculo.
No obstante, el hecho ocurrido el 25 de enero pasado, fue eficientemente ocultado hasta hace pocas horas, cuando nos desayunamos que dos personas fueron sorprendidos por efectivos de la Policía Federal en el minibar de una YPF de San Martín y Viamonte, en Lanús, con elementos tecnológicos para interceptar comunicaciones telefónicas. Uno de ellos fue identificado como Pedro Javier Falubba, de 42 años, portador de la credencial que según la policía resultó ser apócrifa.
Pero lo mas llamativo de este hecho es que, del segundo personaje sorprendido por la policía, no se ha brindado ningún tipo de dato filiatorio, ni tampoco se ha confirmado o desmentido la pertenencia al Servicio de Inteligencia del Estado.
Lo cierto es que tras el episodio se abrió una causa judicial que recayó en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, a cargo del juez Alberto Santa Marina quien consultó con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) si Falubba era personal de ese organismo y si la credencial era real. La respuesta fue negativa en ambos casos. Ante esto, la AFI se presentó como querellante en el expediente. El accionar del detenido es violatorio de la Ley de Inteligencia Nacional 25.520.
