El Ministerio de Producción detectó más de 10 cláusulas cuestionadas en contratos de MELI y Mercado Pago. La empresa tiene 5 días para responder

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires imputó a Mercado Libre por presuntas cláusulas abusivas en sus contratos de adhesión y advirtió que la empresa podría enfrentar una multa de hasta $1.815 millones si no modifica los términos cuestionados.

La medida fue impulsada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, a través de la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores, luego de una fiscalización de oficio sobre los contratos publicados en la plataforma.

La investigación alcanzó tanto las condiciones generales de uso del “ecosistema MELI” como los términos vinculados a préstamos personales y operaciones de Mercado Pago. Según informó la cartera que conduce Augusto Costa, se detectaron más de diez cláusulas que podrían infringir la Ley Nacional de Defensa del Consumidor por generar un “desequilibrio” entre los derechos y obligaciones de las partes.

Entre los puntos observados aparecen la indeterminación en el cobro de tarifas, la aceptación automática de cambios contractuales, el traslado de responsabilidad por el uso no autorizado de cuentas y la compensación entre cuentas. También fueron cuestionadas cláusulas sobre exenciones anticipadas de responsabilidad, fallas técnicas, débitos sobre cuentas de terceros y la fijación de jurisdicción exclusiva.

Desde el Ejecutivo bonaerense remarcaron que Mercado Libre es la empresa con mayor cantidad de reclamos en la provincia. En los primeros cuatro meses del año se recibieron 2.396 denuncias individuales contra la compañía, aunque aclararon que la actuación fue iniciada de oficio.

Ahora Mercado Libre tiene cinco días hábiles e improrrogables para presentar un descargo formal y proponer la adecuación o eliminación de las cláusulas observadas. Si modifica los términos, el expediente podría cerrarse sin sanción. Si no, la Provincia avanzará con la multa millonaria.

La empresa rechazó los cuestionamientos y sostuvo que la imputación “corresponde a una instancia inicial de revisión administrativa de oficio” que no implica una sanción efectiva. Aseguraron que presentarán el descargo y defendieron que la plataforma mantiene un “nivel muy bajo de reclamos” frente al volumen de operaciones diarias.