La decisión del gobierno se toma en un intento de calmar el reclamo de la ciudad por el traspaso de los fondos para la administración de los efectivos policiales.
El ministerio de Seguridad Nacional anunció que por un pedido del gobierno porteño decidió retirar los agentes de la Policía Federal de los subtesde Buenos Aires en dos pasos: primero sacarán a 40 efectivos, y luego, el primero de marzo, completaran el retiro de los 250 agentes.
De esta manera, la cartera intentó calmar las aguas tras su abrupta decisión de no custodiar las 78 estaciones del subterraneo de la ciudad de Buenos Aires.
La decisión había sido comunicada anteayer por la ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, a su par porteño, Guillermo Montenegro, que a su vez le pidió una prórroga que permita encontrar la forma de reemplazar esa fuerza. Todo el diálogo ocurrió por carta, en sintonía con la relación distante que mantienen ambas administraciones.
Hoy, nuevamente mediante un comunicado, el ministerio de Seguridad informó que «se decidió comenzar un proceso ordenado de traspaso de las responsabilidades de vigilancia».
Se dio a conocer que «el primero de febrero se desafectaran sólo a los 40 agentes de la Policía Federal que realizan servicios ordinarios en los subtes, mientras que el resto de los agentes -que cumplen servicios adicionales- será retirado el primero de marzo».
Según el Ministerio, ellos informaron el 20 de enero por nota al gobierno porteño «que los 250 efectivos de servicio ordinario y adicional de la fuerza policial federal que se desempeñaban en las estaciones de los trenes subterráneos serían retirados a partir del 1 de febrero, los que serán asignados para fortalecer el operativo Tren Alerta».
La seguridad del subte, sobre la que existen permanentes quejas de los usuarios, sobre todo por la presencia de arrebatadores, está a cargo de unos 800 efectivos federales, que serán reasignados a tareas de vigilancia en las calles, donde son más visibles.
La decisión está vinculada con el reciente traspaso del subte a la Ciudad y sorprende por lo exiguo del plazo. Ayer, el gobierno porteño confiaba en lograr una prórroga hasta fin de febrero, pero fuentes del gobierno nacional dijeron que no habrá marcha atrás.
El antecedente inmediato
El 5 de abril del año pasado, la Policía Federal informó al gobierno porteño sobre la suspensión de los servicios adicionales que prestaba en 114 edificios de la Ciudad, como hospitales, centros de salud, ministerios, plazas y algunas escuelas.
También mediante un comunicado, el jefe de esa fuerza de seguridad informó sobre esa rescisión del contrato con el gobierno porteño, algo que generó una fuerte controversia con las autoridades porteñas. A través de una nota firmada por el comisario Capdevila y dirigida a Macri y al ministro Montenegro, se indicó que «por directivas del Ministerio de Seguridad de la Nación» se iba a rescindir el «acuerdo suscripto el 7 de septiembre de 2006».
Así se hizo, pero en el camino hubo un intenso debate, con serias acusaciones: «Es una provocación, un acto que por una cuestión política de tinte electoral afecta a los vecinos y vecinas que van a un parque público. No pueden tomar esta decisión de un día para el otro», había dicho Eugenio Burzaco, entonces jefe de la Policía Metropolitana.
Al final, la Ciudad tuvo que contratar servicios adicionales de seguridad privada para cubrir las vacantes que dejó la fuerza federal. Ese servicio privado no pudo hacer nada durante el asalto de barrabravas de Nueva Chicago al Hospital Santojanni, la semana pasada.
El 11 de marzo pasado, la ministra Garré también decidió retirar a la Policía Federal del interior de las entidades bancarias porteñas
