La decisión de la Sala II de la Cámara Federal sostiene que «deviene imprescindible la profundización de la pesquisa» y ordena avanzar en la investigación de los autores materiales e intelectuales del asesinato de José Ignacio Rucci, ocurrido el 25 de septiembre de 1973 y que sacudió la arena política de ese entonces.

En agosto, Lijo había desechado el pedido de la hija del sindicalista y diputada Claudia Rucci de considerar el crimen de su padre como un delito de lesa humanidad. Por ende, la causa estaba prescripta por el tiempo y corría riesgo de ser archivada. Pero la legisladora apeló.

«Las diligencias y medidas realizadas en derredor de la única hipótesis que aún hoy subsiste resultan escasas y permitieron hasta aquí tan sólo un conocimiento limitado de los extremos relevantes a los efectos de llevar a cabo el análisis que se propone», sostuvieron los magistrados Horacio Cattani y Martín Irurzun.

El fallo ordena varias medidas de prueba para intentar descifrar si el crimen del ex titular de la CGT fue cometido por grupos vinculados a la guerrilla “Montoneros”, “la organización que en principio se atribuyó el suceso», según el texto.

Rucci fue asesinado de 23 balazos al salir de su casa en la avenida porteña Avellaneda. En el ataque fueron heridos sus acompañantes Ramón Dionisio Rocha, Abraham Muñoz, José‚ Antonio López y Rodolfo Francisco Díaz.

La causa fue reabierta en 2008, por iniciativa de Claudia Rucci. Entre las pruebas fue incluido el libro Operación Traviata, del periodista Ceferino Reato, que atribuyó el hecho a los Montoneros.