La justicia federal no hizo lugar a la solicitud de agrupaciones defensoras de represores que buscan que se declaren como delitos de lesa humanidad los hechos de Superintendencia de Seguridad Federal.
La jueza federal María Servini, titular del juzgado federal 1 de la Ciudad de Buenos Aires, resolvió que la actuación de organizaciones políticas en los años 70’s no son crímenes de lesa humanidad ni crímenes de guerra ni graves violaciones a los derechos humanos y por lo tanto se encuentra prescripta. Lo hizo al rechazar un pedido realizado por asociaciones defensoras de represores que buscan reabrir una causa por los hechos ocurridos el 2 de julio de 1976 en la Superintendencia de Seguridad Federal.
La Justicia sostiene ininterrumpidamente desde 2001 que el accionar represivo del Estado durante la dictadura cívico-militar constituye crímenes de lesa humanidad y en consecuencia imprescriptible; y que hay un deber de investigar, juzgar, sancionar y reparar a las víctimas. Ninguno de esos elementos se aplica a estos hechos cometidos por organizaciones políticas, como ratificó la Corte Suprema de Justicia de la Nación y diferentes tribunales en esta y otras causas.
Este tipo de denuncias intentan equiparar el terrorismo de Estado con la actuación de organizaciones políticas y volver a instalar la «teoría de los dos demonios» para garantizar la impunidad de quienes secuestraron, torturaron, abusaron, asesinaron, desaparecieron y se apropiaron de cientos de niños y niñas.
Amparados en normas nacionales e internacionales, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial se han comprometido desde hace 20 años en llevar adelante las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Como parte de esa política de Estado, ya se han realizado más de 320 juicios orales y públicos con la condena de casi 1200 represores en un proceso que ha respeta todas las garantías constitucionales y que es reconocido como un ejemplo por todo el mundo.
Estas políticas de derechos humanos son parte esencial de la construcción de estos 40 años de democracia y, junto a nuestras Madres, nuestras Abuelas, familiares y sobrevivientes, el pueblo argentino ha salido en su defensa cada vez que estas han sido amenazadas porque no hay democracia sin justicia, sin memoria, sin verdad y sin reparación.
