Se detectaron graves vulneraciones de sus derechos como maltrato físico y psicológico, falta de acceso a la educación y ausencia absoluta de actividades recreativas.
Luego del amparo presentado en marzo pasado por la Asesora Tutelar ante el fuero Contencioso Administrativo y Tributario Nº1, Mabel López Oliva, el juez Aurelio Amirato ordenó que en menos de 10 días el Centro Preventivo Asistencial Casa Púrpura (CE.PRE.AP) cree dispositivos acordes a la protección integral o de lo contrario los chicos deberán ser trasladados.
“Lo grave de esta situación es que es una institución privada a la que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le paga y no cumple sus obligaciones y genera maltratos”, informó López Oliva.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mantiene una relación contractual con ese centro y abona por cada niño alojado 376 pesos diarios, informó la Asesoría Tutelar, que precisó que son 23 los menores en esa situación, todos subsidiados por el ejecutivo porteño.
La Dirección Nacional de Salud Mental y la Defensoría General de la Nación, que también denunciaron la vulneración de los derechos de los chicos, informaron que los pacientes «estaban expuestos a maltratos, falta de acceso a la educación, medicalización arbitraria, ausencia absoluta de actividades recreativas, educativas y/o lúdicas, inexistencia de trabajo de revinculación con las familias y falta de documentos de identidad».
En el amparo presentado, el Ministerio Público Tutelar denunció que «un seguimiento pormenorizado (…) da cuenta acabadamente de la incapacidad de esta institución para cumplir con el cuidado y protección integral de las personas que aloja».
«Asimismo, la Dirección General de Salud Mental de la Nación (organismo especializado en la materia) ha evaluado la institución y arribado a las mismas conclusiones», dice el texto del amparo.
Además, López Oliva informó que existe también «una denuncia penal por una posible situación de abuso sexual que habría sucedido dentro de la institución».
Por medio de una medida cautelar, Amirato suspendió en abril pasado los ingresos de nuevos pacientes e intervino el lugar para la conformación de una mesa de trabajo de la cual participó el Consejo de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires para evaluar el funcionamiento de la institución.
«Lamentablemente, el Consejo minimizó las denuncias y prestó poca colaboración con la investigación», denunció la Asesoría Tutelar.
El centro es un “hogar de atención especializada”, en los términos del Art. 4 de la Ley 2.881.
Esto significa, explicó la Asesoría Tutelar, que está destinado al “alojamiento transitorio de niñas, niños y adolescentes afectados en su salud mental que requieran mayor contención y seguimiento profesional en el espacio institucional convivencial que contemple un tratamiento específico, pero que no requiera internación en un establecimiento de salud».
López Oliva, quien se manifestó satisfecha con la sentencia del juez, destacó que “resulta auspicioso el reconocimiento efectivo de sus derechos de los niños en Casa Púrpura ya que hasta ahora muchos resultaban invisibles”.
