Afirmación de la Procuradora General de la Nación, Dra. Alejandra Gils Carbó.
La Procuradora General de la Nación, Dra. Alejandra Gils Carbó manifestó “la historia del Juez de Instrucción es la historia de la delegación de las causas en la policía” durante el desarrollo de la jornada “Justicia y dignidad para nuestros barrios” que se realizó en la Universidad de San Martín –Provincia de Buenos Aires –.La funcionaría además remarcó la necesidad de «una reforma del código procesal penal para que sean los fiscales quienes lleven adelante la investigación y desarrollen sus equipos y su policía judicial».
“La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, participó de la charla abierta sobre violencia institucional en Democracia, “Justicia y dignidad para nuestros barrios”, realizada en la Universidad de San Martín. El evento se desarrolló en el marco de la “Campaña contra la Violencia Institucional”. Además de Gils Carbó, también intervinieron el rector de esa casa de altos estudios, Carlos Ruta, una madre de un chico víctima del gatillo fácil, el Secretario General de la CTA, Hugo Yasky, y el diputado nacional del FPV-Movimiento Evita, Leonardo Grosso.
Al momento de hablar, la Procuradora General recordó que “hasta el año 2011, mencionar la ‘Masacre de José León Suarez’ nos llevaba a Rodolfo Walsh, pero que desde ese año también se nos hace presente el asesinato en manos de la policía bonaerense de dos adolescentes, Franco y Mauricio, de 16 y 17 años, y las graves heridas que sufrió su amigo de 22 años, Joaquín Romero.
La jefa de los fiscales contó que el hecho ocurrió cuando ellos, como todos los días, estaban “cartoneando”, en el barrio La Cárcova, en las cercanías de las vías de la ex línea Mitre de cargas. Ante el descarrilamiento de una de sus formaciones y el intento por parte de un grupo de saquear mercaderías, específicamente alimentos allí transportados, la policía bonaerense reprimió con balas de plomo.
A continuación, se refirió al grave problema de que “la policía en esos territorios vulnerables tiene el poder de demarcar, ‘cachear’, perseguir y detener. Eso es consecuencia de la delegación que se hace en las fuerzas de seguridad como consecuencia de que no está definido si es el juez o el fiscal quien lleva adelante la investigación», señaló Gils Carbó en relación con los problemas que presenta el actual Código Procesal Penal de la Nación. Para la Procuradora, ese es uno de «los motivos por los cuales los juzgados y las fiscalías no están dotados para combatir el crimen, ya que no cuentan con peritos, expertos o planificadores».
La titular del Ministerio Público Fiscal aseguró que “la historia del juez de instrucción es la historia de la delegación a la policía y lo mismo ocurre en las fiscalías federales y nacionales». Fue entonces que remarcó la necesidad de «una reforma del código procesal penal para que sean los fiscales quienes lleven adelante la investigación y desarrollen sus equipos y su policía judicial».
Sostuvo que “esa es la forma de evitar que sean las agencias policiales quienes se hagan cargo de la política criminal”, que en la actualidad consiste en “la investigación y persecución mediante estigmatizaciones y estereotipos, persiguiendo los delitos sencillos como robo y hurto, pero no los delitos económicos”. Además, la jefa de los fiscales señaló que ese esquema era propio de un estado policial y autoritario, resabio de la dictadura, «ya que los jueces y fiscales terminan siendo auxiliares de las policías».
“Además es absolutamente ineficiente», señaló Gils Carbó. Por ese motivó, agregó que puso en marcha las procuradurías especiales multidisciplinarias, como la que se ocupa de delitos de lesa humanidad, la Procunar, la Protex, la Procuvin y la Procelac.
Al referirse a la Procuraduría contra la Violencia Institucional, cuyo titular es el fiscal Abel Córdoba, la Procuradora destacó que, a menos de un año de su creación, «en pocos meses realizó centenares de inspecciones en cárceles y comisarías, asistió a cientos de detenidos, presentó cientos de habeas corpus y habeas corpus colectivos, y mantiene una línea telefónica abierta hasta altas horas de la madrugada».
Finalmente, Gils Carbó dijo que “es consciente de que el Ministerio Público Fiscal no va a poder terminar con los delitos económicos o con los hurtos», pero añadió que «se va a hacer hasta el último esfuerzo para ponerle fin a la violencia institucional y que no se va a ceder ni un solo paso en lograr ese objetivo”.
Por su parte, Ruta ratificó el compromiso de la Universidad de San Martín para luchar contra la violencia institucional y en participar en la construcción de más y mejor Estado de derecho. Señaló que “el Estado tiene el monopolio del poder punitivo pero que muchas veces se desborda y es necesario ponerle coto”. Y agrego que la UNSAM dio pasos en esa dirección, por ejemplo fundando un Centro de Formación en la cárcel de José León Suarez.
Asimismo, una madre de un adolescente víctima del gatillo fácil criticó duramente a la policía y al Poder Judicial. Sostuvo que encubren a los poderosos y persiguen a los pobres. Mientras que el titular de la CTA, Hugo Yasky, reflexionó que “la lucha contra la violencia institucional es parte de la lucha por la igualdad, por la distribución de la riqueza, porque la violencia institucional es parte nodal de la desigualdad porque la sufren siempre los que menos tienen”.
A su turno, el legislador Leonardo Grosso sostuvo que una de las dificultades de la lucha contra la violencia institucional es que “el problema no es ‘tomado’ desde la política, y menos durante las campañas electorales, donde en realidad muchos compiten por ver quién es el que instala más cámaras de vigilancia”. Agregó que la violencia institucional «es parte de nuestra historia, que comienza con la conquista, que también se expresa en los fusilamientos de José León Suarez, en el secuestro de Felipe Vallese, en la dictadura cívico-militar, en la represión del 19 y 20 de diciembre, en los asesinatos de Darío y Maxi”. “Los que mueren siempre son los mismos, los vulnerables, los trabajadores”, dijo.
En este sentido, el diputado expresó que “es fundamental la democratización de las policías, y también la disputa cultural para revertir la estigmatización discriminatoria”. Y aseguró que por ese motivo «la respuesta no debe ser sólo institucional sino político-cultural».
Finalmente, destacó algunos avances institucionales, como la creación del Ministerio de Seguridad o de la Procuraduría Contra la Violencia Institucional, a la vez que convocó a que “como hoy está dentro del pacto social que los que cometieron delitos de lesa humanidad sean juzgados y condenados, lo mismo ocurra con los que cometan violencia institucional”.
