La empresa Ilva, una de las fábricas de pisos cerámicos más importantes del país, cerró su planta de Pilar a comienzos de septiembre. La firma detuvo la producción y bajó sus persianas, lo que derivó en la desvinculación de más de 300 empleados, que mantienen un plan de lucha, con accesos a la planta cortados a la espera de una resolución del conflicto. De hecho, este miércoles llevan adelante un nuevo corte en el cruce de las calles 9 y Arturo Frondizi, del Parque Industrial de Pilar, en respuesta al fracaso de la última reunión en el ministerio de trabajo bonaerense donde los abogados de la firma se negaron a presentar un plan de pago de las indemnizaciones.
La decisión de cerrar la planta, según los directivos de la empresa, es consecuencia de la caída en las ventas producto de la parálisis de la actividad económica y la apertura importadora, e impactó de lleno en el entramado industrial del distrito, además de encender alertas en el sector.
El golpe laboral tuvo un correlato inmediato en la calle. Los trabajadores denunciaron que la empresa no cumplió con el pago de las indemnizaciones correspondientes. Señalaron que Ilva intentó ampararse en el Artículo 247 del PPC, que prevé el pago del 50% de la indemnización, pero no presentó el Procedimiento Preventivo de Crisis. Además, remarcaron que ni siquiera efectivizó esa mitad que invocó.
En paralelo, los gremios del sector acompañaron los reclamos e instalaron el tema en la agenda pública. Hubo asambleas, movilizaciones y unificación de demandas para garantizar la liquidación completa de los haberes. La discusión se trasladó a ámbitos administrativos y políticos, con audiencias y gestiones a distintos niveles. El conflicto se mantuvo abierto mientras se acumulaban pruebas de incumplimientos y se profundizaba la tensión.}
Indemnizaciones en disputa y medidas de fuerza
La negociación formal no ofreció salidas concretas. En la audiencia de ayer en el Ministerio de Trabajo bonaerense, el abogado de la empresa no presentó ninguna propuesta de pago. Ante la falta de respuestas, los trabajadores y los sindicatos sostuvieron marchas y cortes. Entre las acciones destacadas figuró el bloqueo del camino provincial de acceso al Parque Industrial de Pilar.
Las protestas se desarrollaron con una conciliación obligatoria a punto de vencer, lo que agregó presión sobre las partes. Las representaciones gremiales insistieron en que la empresa debía abonar los montos completos conforme a la legislación laboral. También reclamaron garantías para la continuidad de las familias afectadas y mecanismos de control estatal. La conflictividad creció al ritmo de la incertidumbre de los despedidos.
“Estamos del lado de los trabajadores y vamos a acompañarlos en todo momento para defender cada puesto de trabajo”, expresó Axel Kicillof, gobernador bonaerense. El mandatario, junto con el intendente de Pilar, Federico Achával, visitó a los trabajadores y se comprometió a impulsar gestiones para resguardar los empleos. Las autoridades provinciales y municipales señalaron que intervinieron ante la empresa y articularon con Nación. La prioridad, indicaron, fue lograr el pago de las indemnizaciones y sostener la capacidad productiva local.
Desde el plano sindical, la Federación Obrera Ceramista de la República Argentina (FOCRA) desarrolló una ofensiva institucional. La entidad gestionó ante la Unión Industrial Argentina (UIA) y reclamó al gobierno nacional una intervención más activa para revertir la decisión empresaria. FOCRA denunció que la firma presionó para aceptar retiros voluntarios en condiciones desfavorables. También alertó que el cierre instaló un precedente negativo para toda la industria.
Una crisis que impacta en todo el sector
El caso Ilva se inscribió en una crisis más amplia para la industria cerámica. El sector enfrentó una retracción en la venta de productos para la construcción y un aumento de la competencia importada. Las ventas cayeron entre 25% y 30%, mientras los precios retrocedieron en un mercado deprimido. Los altos costos energéticos completaron un cuadro que complicó la ecuación de costos y márgenes.
La compañía, vinculada a la familia Zanon, fue referente en los años ’90 y lideró segmentos clave del negocio. Con el correr del tiempo, conflictos internos entre herederos y la falta de inversiones deterioraron su posición. Ese proceso se agravó por el contexto nacional, que combinó volatilidad macroeconómica y caída de la demanda. La suma de factores derivó en el cese de actividades y en la crisis laboral actual.
“No se puede aceptar el cierre de una planta clave como Ilva ni dejar a más de 300 familias en la calle”, afirmó la FOCRA. La organización subrayó que el pago íntegro de las indemnizaciones constituyó un piso innegociable. Los delegados insistieron en que las autoridades debieron asegurar el cumplimiento legal y promover una salida productiva. Al cierre de las últimas instancias, el conflicto se mantuvo activo con medidas de fuerza y reclamos sin respuesta concreta de la empresa.
