La Corte Suprema volvió a hacerle un guiño al Gobierno en su lucha contra la llamada “industria del juicio”, al revocar un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que avalaba un incremento injustificado en la indemnización a una madre que perdió a su hijo en el 2005 en un accidente laboral.

Con la firma de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, y la disidencia de Horacio Rosatti, el supremo tribunal hizo lugar a la queja solicitada por la ART Experta (ex La Caja ART), porque entendió que el monto fijado por el juez en primera instancia y luego confirmado por la sala X, se había calculado en base a la ley 26.773, dictada en 2012, siete años después de ocurrido el fallecimiento.

En la causa, María Elvira Carabajal había sido beneficiada con una suma de $786.320,57. Según el Centro de Información Judicial, “para determinar este importe el juez no tuvo en cuenta las tarifas legales que estaban vigentes cuando ocurrió el accidente sino el reajuste de esas tarifas dispuesto, mucho tiempo después, por la ley 26.773 (dictada en el año 2012)”.

La sentencia fue apelada por la ART, pero los jueces de la Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Dres. Daniel Stortini y Enrique Brandolino la confirmaron.

Por su parte, la Corte consideró que la cámara omitió analizar los planteos de la ART relativos a que las mejoras dispuestas en la ley 26.773 no resultaban aplicables al caso porque el accidente había sido anterior a su entrada en vigencia.

El único voto en contra provino de Rosatti, quien consideró “inadmisible” el recurso citando el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial. De esta manera, el máximo tribunal volvió a sostener que los jueces laborales no pueden incrementar injustificadamente el importe de la indemnización por accidente de trabajo.

Esta es la tercera vez que, en pocos meses, la Corte Suprema revoca fallos dictados por la Cámara del Trabajo revocando altas indemnizaciones laborales, por encima de lo dispuesto por las ART, y que van en línea con los deseos del Ejecutivo para acabar con la llamada “industria del juicio”.

El presidente Mauricio Macri viene apuntando contra la “mafia de los juicios laborales” que, según denunció, está dirigida por el diputado kirchnerista y abogado laboralista Héctor Recalde. En ese sentido, el año pasado impulsó una ley para obligar a los trabajadores que quieran iniciar una demanda por un accidente laboral a pasar por una comisión médica previa, que aprobó el Congreso a principios de año.

BAE Negocios se comunicó con la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) pero declinaron de hacer comentarios al respecto.