La Corte destacó el trabajo del Juzgado de Garantías 8 de Lomas para evitar el hacinamiento en cárceles y comisarías

La Suprema Corte de Justicia bonaerense destacó la labor de un juzgado de Garantías de Lomas de Zamora por la implementación de medidas  alternativas a la privación de la libertad, permitiendo bajar la cantidad de detenidos en unidades penales y comisarías.  El órgano máximo de la justicia bonaerense había manifestado su preocupación por la creciente tendencia al encarcelamiento de personas durante el proceso penal.

La Corte provincial publicó en su página web un informe del Juzgado de Garantías 8 de Lomas de Zamora, cuyo titular es el juez Gabriel Vitale, en el que se da cuenta de estadísticas de febrero último que marcan en un descenso del uso de la privación de la libertad, particularmente en delitos con penas bajas.

Durante la primer quincena de febrero último, el el Juzgado de Garantías 8 de Lomas estuvo de turno. En ese período se registraron en ese Departamento Judicial 153 detenciones.

El Juzgado de Garantías es el órgano que debe convalidar las detenciones, dictar medidas alternativas o excarcelar. En ese contexto, Vitale avanzó – en línea con lo dispuesto en diciembre último por la Suprema Corte – en la implementación de medidas para evitar las detenciones con alojamiento en penales

En esos 15 días de febrero se registraron, según el informe, 153 aprehensiones o detenciones. De ese total, el Juzgado de Garantías 8 dispuso 10 morigeraciones, 18 alternativas a la privación de la libertad, 10 ceses de detención, y 26 libertades por aplicación del artículo 161 del Código Procesal Penal (en actuación conjunto con los fiscales).  De esta manera, se evitó la extensión de la detención del 41,83 por ciento de los casos, que si se suma a las excarcelaciones llega al 62,74 por ciento.

Lo destacable que estas alternativas a la detención en unidades penales o comisarías, en año pasado fueron del 13 por ciento, y en 2018 de un punto menos, siempre en relación a las aprehensiones o detenciones dispuestas por los fiscales.

Lo que subraya el informe del juzgado de Lomas publicado por la Corte es que con la aplicación de estas alternativas se contribuye a elevar el nivel de hacinamiento de penales y comisarías, en los casos de imputados por delitos menores.

El Juzgado de Garantías 8 tiene un convenio con la Municipalidad de Lomas de Zamora, que le permite trabajar en los  casos de violencia de género con psicólogos y trabajadores sociales. En igual sentido, abordan las adicciones, en articulación con la Sedronar. “Analizamos cada caso para brindarle un tratamiento articulado con distintas instancias del Estado”, destacó el juez Gabriel Vitale.

En la misma línea, el magistrado dijo que “con mujeres víctimas de violencia encontramos soporte en los municipios, en ONG´s  y en iglesias evangélicas que colaboran”. Y agregó: “Este espacio de búsqueda de alternativas a la privación de la libertad no es sólo para no aumentar el hacinamiento sino también para tener  la posibilidad cierta de vaciar las seccionales ya que los policías no pueden estar dedicados a cuidar detenidos sino que deben estar abocados a la investigación, represión y prevención de delitos”.

“El sistema de flagrancia nos da rapidez para resolver delitos con penas menores, pero también se genera una complejidad por el tema de la privación la liberta ya que hay mucha reincidencia en estos delito”, explicó el juez.

En las unidades penales hay actualmente 51 mil personas privadas de la libertad, con un sistema que cuenta con 21 mil vacantes. En seccionales policiales, en tanto, hay plazas para 1300 detenidos y actualmente se alojan más de 3000.

“Tenemos que garantizar los derechos de imputados y víctimas. Y analizar la posibilidad de resolver en el proceso las situaciones de privación de la libertad”, destacó el magistrado. Y añadió:  “El 30 por ciento de los casos que se nos presentan están relacionados con la violencia de género familiar. Y la mayoría no lo vamos a solucionar con el encierro porque se trata de  lesiones leves y violación de domicilio, que tienen penas muy bajas. Por eso, apelamos a métodos alternativos que colaboren a solucionar la situación, no a agravarla, sin vulnerar los derechos de víctimas e imputado”.

Vitale destacó el trabajo de su equipo del juzgado en la implementación de estas alternativas. “Ese es el rumbo que se tiene que seguir, garantizando derechos y colaborando desde el Poder Judicial, ubicándonos en la emergencia que se ha determinado por la Suprema Corte en torno a la necesidad de búsquedas de alternativas a la privación de la libertad durante los procesos”, finalizó el magistrado de Lomas.

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