La contratación de seguridad privada se transformó en una gran caja negra

Esto lo venimos afirmando hace tiempo y es respaldado por gran cantidad de denuncias periodísticas y penales. Y más allá que quita transparencia a la administración de fondos públicos se transforma también en una expropiación de parte de nuestros salarios, hoy en día claramente por debajo de la línea de la pobreza y en algunas regiones del país perforando los límites de la indigencia.

Para graficar esta situación, un caso emblemático es el de la Ciudad de Buenos Aires. En el 2011 Mauricio Macri contrató a la empresa de seguridad privada MURATA junto a otras por $597 millones. “Sorprendentemente” 6 meses antes de vencerse el contrato y a una semana de asumir la presidencia, les renovó el convenio hasta el 2020. El nuevo contrato fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad bajo el Decreto 349/2015 firmado el 5 de diciembre. El gobierno porteño desembolsará esta vez la nada despreciable suma de $4.400 millones. Aquí se incrementó el gasto en seguridad privada un 581%. Si dividimos el monto erogado durante los 9 años significo un gasto diario de $1,52 millones.

A pesar que de las 465 firmas habilitadas siempre ganan las mismas, estas acarrean decenas de faltas, multas y denuncias por la Sindicatura General porteña. A pesar de esto se las premia con contratos reservados a casos de “urgencia e imprescindible necesidad” por montos millonarios.

Pero los favores se devuelven. Estas empresas, eternas ganadoras de una farsa llamada “licitación”, aportaron una suma generosa “en blanco” a las sucesivas campañas políticas de Macri y Rodríguez Larreta a pesar que la ley lo prohíbe. Ejecutivos de las firmas hacen suculentas donaciones. Ahora casualmente los aportantes son los que se reparten las licitaciones.

MURATA se vio muy favorecida con la presidencia de Mauricio Macri. Acaparó la custodia y vigilancia de distintas ramas de los Ferrocarriles y sucursales del Banco Provincia. Por estos días se vio a directivos de la empresa en reuniones con autoridades de los Ferrocarriles y de la División de Agencias para renovar en marzo un contrato que supera los $2.000 millones. Sin embargo, a pesar de los favores y de los generosos contratos obtenidos siempre se mantuvo fiel al margen de las Leyes Laborales. No abonan las horas extras conforme a derecho, al 50 y al 100%, rubro fundamental de un trabajador de seguridad privada con jornadas laborales de 12 horas o más y con ingresos por debajo de la línea de la pobreza. Intensifican a diario una política represiva, de persecución, de discriminación. Claramente antisindical. Utiliza medios ilícitos para abortar toda organización gremial. Con el apriete como política rectora, obliga a los trabajadores a desafiliarse del SUTCA. Si no, son cambiados de lugar de trabajo, a zonas muy alejadas de sus domicilios. Se les cambian los horarios arbitrariamente, desorganizando así toda estructura familiar o despide lisa y llanamente.

MURATA se maneja sin reglas, sin leyes y sin Constitución Nacional. Con total impunidad reduce la cantidad de trabajadores fijado por contrato en un objetivo, si eso le permite aumentar su rentabilidad. Es inadmisible que el Estado contrate a empresas con estas prácticas y que las premie. Es lamentable que la seguridad ciudadana se transforme solo en un gran negocio.

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