El índice de credibilidad bajó de 19,7 al 11,7 teniendo en cuenta los últimos dos años. Además, el relevamiento consultó sobre el Gobierno y el Congreso.
La confianza de la gente en la Justicia cayó abruptamente en los últimos dos años, es decir, desde la llegada de Cambiemos al poder.
Así lo refleja el último estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA), que registra un descenso en el índice de credibilidad del 19,7%, en 2015, al 11,7%, a fines de 2017.
La caída fue de ocho puntos, pero es mayor si se la compara con los datos de 2010, cuando la confianza en la Justicia llegaba al 21,4% de la población. Además, el índice actual del 11,7% es el más bajo que registran hoy los tres poderes del Estado, dado que mientras el gobierno nacional mantiene una confianza del 25,6%, el Congreso muestra una adhesión favorable del 16,3 por ciento.
La fuerte caída de la confianza en la Justicia se da en momentos en que existe «un creciente cuestionamiento al rol de la Justicia y la posible influencia de los intereses políticos de turno», señala el informe de la UCA, que midió la evolución de la confianza de la opinión pública en las instituciones de gobierno en el período 2010-2017. La investigación comprende, una serie histórica marcada por los últimos seis años de la gestión de Cristina Kirchner y los dos primeros del presidente Mauricio Macri.
La credibilidad de la Justicia es levemente mayor entre la población indigente (14%) que en la población pobre (11%) y no pobre (11,8%). En el estrato medio profesional la caída es más pronunciada (10,1%), mientras que la imagen sube algunos puntos en el nivel bajo trabajador (13,1%). La confianza que despierta la Justicia es más baja en la ciudad de Buenos Aires (9,4%) y en el conurbano bonaerense (9,6%) -en ambos casos menos de uno de cada diez habitantes- que en las poblaciones urbanas del interior (16,9%) y otras áreas metropolitanas (13,7%).
Asimismo, los menores de 34 años mantienen un nivel de confianza relativamente mayor (14,5%) y el rechazo es más abrupto en la franja de mayores de 60 años (9%).
El estudio, dirigido por el sociólogo Agustín Salvia, indica que los datos revelan «un nivel muy bajo de confianza en los tres poderes, evidenciando una brecha entre el ejercicio del gobierno y la confianza por parte de la ciudadanía en ese ejercicio, más allá de sus simpatías partidarias».
En 2015, cuando terminaron los doce años de administración kirchnerista, la confianza en el gobierno nacional llegaba al 26,3%. Un año después, ya con Macri en la Casa Rosada, descendió al 21,2% y recuperó más de siete puntos en 2017, para ubicarse en 28,4%. Es el porcentaje más alto después de 2011, cuando la confianza en el gobierno de Cristina Kirchner ascendía al 44,5%.
El mayor índice de confianza en la gestión de Macri se registra entre la población no pobre (31,7%) y en el estrato medio profesional (40,2%). Por el contrario, la imagen más baja se presenta en los sectores indigente (16,8%) y pobre (16,4%) y en los estratos bajo trabajador (26,3%) y bajo marginal (16,8%).
Al contrario de lo que sucede con la Justicia, los mayores de 60 años tienen más confianza en el gobierno de Macri (33,7%) y los más escépticos son los menores de 34 años (26%)
Los números son más homogéneos a la hora de medir la confianza de la opinión pública en el Congreso. La serie muestra que en 2010 era del 17%, en 2015 subió al 18,9% y en 2017 se reubicó en 17,3%. Curiosamente, se advierten picos más altos en los años impares, en coincidencia con los tiempos electorales, y descensos más marcados en los años pares. El registro más alto se dio en 2013, cuando Sergio Massa ganó en la provincia de Buenos Aires y la confianza en el Congreso trepó al 26,4%.
La investigación refleja también que existe un alto consenso sobre el concepto de democracia, como forma de gobierno y espacio de participación ciudadana.
El 91,5% considera la democracia como la mejor forma de gobierno, aunque hay algunos reparos en su instrumentación práctica: solo un 36,5% cree que los ciudadanos tienen influencia suficiente en las decisiones de gobierno. Además, el 86,5% considera que el Estado debe subsidiar los servicios públicos a los sectores vulnerables, el 86,4% cree que se deben proteger los derechos de las minorías y el 67,8% estima que el derecho de huelga es más importante que el derecho a la libre circulación.
La muestra comprende un universo de 5712 casos, analizados anualmente desde 2010, en aglomerados urbanos con más de 80.000 habitantes.
