La Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, elevó en un año el Fondo Rotatorio de la Casa Rosada de $471 millones a más de $1.135 millones. La información oficial también revela la existencia de tarjetas corporativas asociadas a funcionarios de primera línea, aunque el Gobierno no difundió el detalle de los gastos realizados.

La gestión de Karina Milei quedó en el centro de la escena luego de que documentación oficial confirmara un fuerte incremento del Fondo Rotatorio de la Secretaría General de la Presidencia. A través de la Resolución 35/2026, publicada en el Boletín Oficial, el monto destinado a gastos operativos y de manejo flexible pasó de $471,5 millones en 2025 a $1.135,1 millones en 2026, lo que representa un aumento cercano al 141%.

La normativa, firmada por la propia secretaria general, autorizó además gastos de hasta $50 millones por operación y excluyó de ese límite a los servicios básicos, los viajes presidenciales y los débitos por embargos. Este fondo es utilizado para cubrir viáticos, bienes de consumo, servicios y otros desembolsos operativos de la Casa Rosada bajo el régimen de fondos rotatorios.

La polémica se profundizó tras una respuesta oficial a un pedido de acceso a la información pública. Allí, Presidencia informó la existencia de 140 tarjetas recargables vigentes, tres tarjetas corporativas de crédito y 62 usuarios activos de la plataforma Corporativa Nación. Entre los nombres que aparecen asociados a tarjetas figuran Karina Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel, Eduardo “Lule” Menem y funcionarios vinculados a áreas administrativas y de comunicación del Gobierno.

Sin embargo, la administración nacional no entregó los resúmenes de consumos, montos gastados, comercios, proveedores, facturas ni expedientes de rendición asociados a esas tarjetas. La documentación oficial sí detalla que la plataforma del Banco Nación permite consultar movimientos, consumos y reportes en línea, mientras que los instructivos internos exigen rendiciones mediante expedientes electrónicos GDE con comprobantes respaldatorios.

Otro de los puntos que genera cuestionamientos es que funcionarios responsables de administrar el Fondo Rotatorio aparecen también vinculados al sistema de tarjetas corporativas. Entre ellos se encuentran Gabriela Winnik, responsable formal del fondo, y Marcelo Luque Mariño, designado como subresponsable, ambos con participación en la estructura administrativa que controla esos recursos.

Además, la Dirección de Sumarios reconoció la existencia de una actuación administrativa relacionada con presuntas irregularidades en el uso de tarjetas corporativas. Aunque el informe final concluyó que no existió perjuicio fiscal para el Estado, el expediente completo no fue entregado, por lo que no se conocen los hechos investigados, los montos involucrados ni los funcionarios alcanzados por esa actuación.

La controversia se instala en medio del discurso oficial de ajuste y reducción del gasto público impulsado por el presidente Javier Milei. Mientras el Gobierno sostiene la necesidad de una administración austera, los documentos oficiales muestran que el fondo de gastos flexibles de la Secretaría General más que se duplicó en un año y que, pese a los pedidos de información, el detalle de los consumos realizados con fondos públicos continúa sin ser difundido.