En una sesión realizada en la víspera, la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense aprobó por mayoría elevar las acusaciones en su contra.Detalles de los cuatro casos en los que habría tenido un mal desempeño.
Una comisión bicameral bonaerense acusó por presunto mal desempeño en cuatro expedientes al juez de Garantías 3 de San Isidro, Rafael Sal Lari, y pidió que se lo remueva de su cargo.
Ahora, la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados, a cargo de Ulises Giménez, debe informar al juez sobre las acusaciones y Sal Lari dispondrá de 45 días para ejercer su defensa.
Posteriormente, el Jurado que tiene potestad para remover a los jueces tendrá que reunirse para decidir si suspende o no al magistrado en sus funciones.
«Esto demuestra que por más presiones que se intenten ejercer sobre los integrantes de la comisión bicameral, ésta resuelve de manera objetiva e independiente», dijo el diputado Gabriel Villegas (Frente para la Victoria), presidente del cuerpo.
Villegas aclaró que «la comisión no se dedica a evaluar si los jueces son garantistas o no, sino que no incurran en incumplimientos tipificados por la ley 14.088», que establece el mecanismo del jury.
En una sesión realizada en la víspera, la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerense aprobó por mayoría elevar las acusaciones contra Sal Lari a la secretaría permanente del jurado.
Los legisladores analizaron once expedientes en los que fue denunciado Sal Lari y resolvieron acusarlo por presunto mal desempeño en cuatro causas, mientras que por unanimidad desestimaron el resto por no constituir una falta o carecer de pruebas.
Uno de los casos por el que se acusa a Sal Lari es haber denegado la exclusión del hogar a un padre que había sido denunciado por el abuso sexual de su hija de 12 años, hecho que venía ocurriendo hacía seis años.
«Una fiscal había pedido la exclusión, pero el juez la denegó aduciendo que era prematura, sin averiguar lo actuado en el juzgado de menores con fecha anterior a la decisión», dijeron voceros parlamentarios.
En este caso, se considera que el juez vulneró los derechos consagrados en la Convención del Niño y privilegió la situación del padre.
Otro de los hechos por el que se cuestiona al magistrado es la excarcelación bajo caución juratoria de dos delincuentes que robaron a una pareja y abusaron de la mujer.
Lo que se objeta a Sal Lari es que no tuvo en cuenta que uno de los ladrones, al momento del ilícito, había violado un arresto domiciliario impuesto por un tribunal de La Matanza.
Al juez también se lo acusa de haber concedido -recién tres días después de solicitado por la fiscalía- un allanamiento en un caso por venta de estupefacientes, pese a que ya había numerosa prueba reunida.
El último caso es una denuncia debido a que la Cámara de Apelaciones de San Isidro dispuso la libertad de un detenido, que debía hacer efectiva Sal Lari, pero que se concretó siete meses después, cuando el imputado hizo un reclamo.
El juez libró una orden a la comisaría para que el acusado se presentara en su juzgado al día siguiente del fallo de la Cámara, pero, según la denuncia, no verificó el cumplimiento de la orden.
Pese a las múltiples acusaciones, varios organizaciones expresaron su apoyo a Sal Lari y enviaron una carta a Villegas, en la que manifiestan su preocupación por el avance del enjuiciamiento.
El documento lleva la firma de representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Comisión Provincial por la Memoria, la Asociación Pensamiento Penal, la Federación Judicial Argentina y la Asociación Judicial Bonaerense (AJB).
«El tenor de las denuncias evidencian que se ha querido cuestionar la aplicación de los estándares constitucionales e internacionales de derechos humanos por parte del magistrado, y no así el desempeño o aptitud del magistrado para ejercer el cargo”, afirmaron.
