La tarea había sido encomendada a Asuntos Internos, que detectó hechos de gravedad relacionados con el cobro de horas extras y adicionales, facturación de combustibles, mal estado de las dependencias, personal que no concurría a prestar servicios y otros ítems que terminaron con la purga.
En marzo del año pasado la Dirección de Control Disciplinario de la policía de la provincia de Buenos Aires llevó a cabo una auditoría en Junín y halló innumerables irregularidades, relacionadas particularmente con el exceso de horas extras, la cantidad de efectivos con “carpeta médica”, sobrefacturación de combustible y otras cuestiones que además de ser sospechosas de corrupción quitaban eficacia al desenvolvimiento de la seguridad en el distrito.
Por ese motivo Asuntos Internos de la policía bonaerense imputó a los altos mandos de la fuerza a nivel local, algunos de los cuales fueron ahora desplazados, debido a que se habría probado la existencia de hechos que constituyen faltas graves al régimen disciplinario”.
En ese contexto se supo que entre los efectivos sancionados se encuentran el jefe de la oficina distrital comisario Pablo Fernández y el subcomisario Roberto Oruza, jefe del Comando Patrullas Junín, quienes ya tendrían reemplazo con el comisario Claudio Cabella y el subcomisario Juan Gimenez respectivamente.
Las medidas se conocieron conjuntamente con el nombramiento del Comisario Mayor Tomaz Federico Dos Santos, a cargo de la Superintendencia de Seguridad Regional Interior Oeste II, dependiente de la Subjefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y con asiento en Pehuajó que abarca un total de 17 distritos del oeste bonaerense, entre ellos el de Junín.
Justamente Dos Santos, para evitar que se repitan este tipo de situaciones, creó una coordinadora en Junín ya que es el distrito más importante de su superintendencia aunque tenga la sede en Pehuajó. De ese modo, sostienen desde su entorno, que nuestra ciudad tendrá “control a distancia del superintendente 24/7, a cargo del comisario Marcos Lescano..
particularmente en perjuicio de las mujeres de la fuerza y que llevó a un desgaste de los efectivos de menor rango que se veían amenazados por sus superiores con traslados inverosímiles a poblados alejados que le hacían perder el contacto con sus afectos.
La investigación encabezada por Domínguez que se apersonó en las oficinas de Quintana 35, también destacó que “es dable advertir que todas las oficinas de la Estación de Policía Departamental de Seguridad se hallaban sin personal al arribo de la comitiva, con excepción de la oficina de CEPAID, como también, que se observó un total desconocimiento por parte de los efectivos en las funciones y responsabilidades que les compete”.
Al revisar las cuadrículas de patrullaje se advirtieron tareas defectuosas y móviles que estaban parados en la dependencia sin recorrida. Se advirtieron irregularidades en los libros de presentismo.
Como resultado de la recorrida del resto de las instalaciones y oficinas, llevada a cabo en marzo de 2025, también se advirtió que “poseen un mal estado de conservación, mantenimiento y limpieza, ya que se pudo observar falta de aseo en todas las aéreas de la dependencia, en especial en el sector donde se encontraban los vehículos secuestrados por distintos delitos”. Asimismo, se observó en el frente de la dependencia, “móviles sin salida a recorrer” y que “los cuales se encontraban ociosos por no posee personal disponible, según informo la oficial de servicio, y tampoco combustible municipal”.
Por otra parte, llamó la atención de los inspectores la falta de detalles respecto al pago de adicionales al personal de la fuerza, algo que había sido puesto en consideración por los mismos efectivos que aludían estar cobrando mucho menos de lo que debían percibir por la tarea, además un sinnúmero de faltas de menor cuantía.
Por más que los funcionarios municipales intenten quitarse responsabilidad acerca de este escandaloso informe, queda claro que la seguridad en Junín era “una joda total” como puntualizó un viejo jefe policial.
Fuente: La Misiva Digital
