El secretario General de la departamental Quilmes de la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), Gonzalo Cianis aseguró que “los trabajadores judiciales están poniendo el cuerpo y la salud para garantizar el acceso a la Justicia” en medio de la pandemia y denunció que  la Justicia y el Ejecutivo provincial no se hacen eco de sus pedidos de mejores condiciones laborales y salariales.

Tras la asamblea que realizaron los Secretarios Generales de las 19 departamentales y efectuar sucesivos reclamos, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) emitió una solicitada en al que evidencia graves falencias en los protocolos sanitarios implementados por la Justicia bonaerense, reitera el pedido de paritarias al gobierno de Axel Kicillof, declara el estado de alerta y exigen reuniones urgente con las autoridades del Poder Ejecutivo, la Suprema Corte y la Procuración General.

“Los trabajadores judiciales, al igual que el resto de los estatales que garantizan los servicios a la población en medio de la pandemia, le están poniendo el cuerpo y la salud a la situación para garantizarle a la sociedad el acceso a la Justicia”.

Sin embargo, enfatizó que, pese a los acuerdos entablados para que gran parte del personal realice sus labores en el marco del teletrabajo con elementos propios, “las condiciones en las que se realizan las tareas presenciales son deficientes”.

“La Corte, en función de responder a presiones externas, no garantiza las condiciones básicas para brindar el servicio en condiciones de pandemia no permitió tener un diálogo constructivo que permita resolver los problemas que tenemos en esta situación”, explicó.

En ese sentido puntualizó que el organismo posee “una conducta irresponsable ante posibles contagios” y es por ese motivo que “hay más de 200 contagiados en toda la provincia”, mientras que en la seccional llegan a 20 los infectados de COVID-19 confirmados.

“Esto tiene que ver con la falta de medidas de protección, de seguridad, de condiciones razonables de trabajo, deficiencias en la limpieza e imposibilidad de realizarla de forma diaria en la mayoría de los ámbitos de trabajo, más allá de los problemas estructural que ya arrastraba el Poder Judicial y que agrava todo de forma significativa”, observó en tanto.

Además evidenció que hay “convocatoria de trabajadores sin garantizar el distanciamiento social necesario entre uno y otro” porque “la Corte priorizó el aspecto económico por sobre la salud”, en referencia a los informes de la Justicia sobre el volumen de trámites realizados en comparación a 2019.

“La situación no da para más. Tienen que estar garantizados todos los insumos básicos y frenar a todos los titulares que convocan a trabajadores de manera compulsiva en detrimento de la integridad física”, advirtió el Secretario General quilmeño.

La otra pata del conflicto es el aspecto salarial, ya que no hay a la vista reuniones paritarias con el gobierno provincial mientras los trabajadores judiciales evidencian en la solicitada que “al finalizar el mes de agosto la inflación acumulada durante 2020 habrá duplicado el 9% de recomposición salarial acordado previo a la pandemia”, lo que se suma a “salarios ya severamente deteriorados durante los cuatro años de la gestión de María Eugenia Vidal”.

“Actualmente el cargo de ingreso al Poder Judicial recibe una remuneración mensual de $29.811, muy lejos de los $44.521 que según el INDEC necesita una familia de cuatro personas para no ser pobre en la Argentina”, informan en el texto.

Al respecto, Cianis reiteró el pedido de “un llamamiento urgente a paritarias para al menos garantizar aumentos al ritmo de la inflación” aunque “sin desconocer la situación crítica de la economía en la provincia, el país y el mundo”, por lo que observó la posibilidad de configurar políticas tributarias en un marco de urgencia donde “se generen impuestos dirigidos a los sectores más enriquecidos y que más se beneficiaron con las políticas económicas” para sustentar “recursos que garanticen el sostenimiento de los sectores más críticos de la población”.

Por último, el titular de la AJB Quilmes aclaró que existe la posibilidad de “tomar medidas de fuerza en el caso de no tener respuestas adecuadas”, aunque eso se evaluará en asamblea general.