Luego de los fallidos intentos del presidente Javier Milei por desactiva la marcha en repudio a sus dichos en el Foro de Davos y que algunos funcionarios como Adorni o su hermana Karina dijeran que la marcha era contra el presidente y no en defensa de derechos, la movilización fue contundente, incluso en provincias afines políticamente como lo es Córdoba.

Las imágenes recorrieron el mundo y tanto el discurso de Milei como su imagen quedaron desdibujadas por la reacción de los colectivos que convocaron a la marcha.

Una multitud se movilizó este sábado en distintos puntos del país e incluso del exterior contra las políticas y las declaraciones de Javier Milei respecto a la diversidad. La marcha central fue en Plaza de Mayo.

Este sábado se realizó la Marcha Federal del Orgullo, Antifascista y Antirracista, multitudinaria e histórica, en la Ciudad de Buenos Aires, pero con réplicas en distintas partes del país y el mundo.

Organizaciones del colectivo LGTBIQ+ convocaron a marchar a Plaza de Mayo en rechazo del discurso del presidente Javier Milei contra la diversidad sexual.

De inmediato, encontró el respaldo y la adhesión de distintos sectores, que hoy se ven afectados por las políticas impulsadas por el Gobierno, como organizaciones de derechos humanos, género y sindicatos.

En la previa de la movilización, el Gobierno calificó este viernes de “política” la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista.

Desde que el jefe de Estado pronunció su discurso en Davos, donde vinculó la homosexualidad con la pedofilia, y redobló luego la apuesta también en sus redes sociales, referentes de todo el arco político manifestaron su repudio a los dichos del Presidente y convocaron a participar de la movilización.

Esta movilización se consolida como una contundente respuesta de la comunidad LGBTI contra el Gobierno, que aspira a eliminar el DNI no binario, la figura penal de “femicidio” y el cupo laboral; entre otros avances contra las minorías.

“Ninguna vida vale más que otra”, asegura el Ejecutivo, y con esa lógica pretende eliminar la figura penal que contempla el “contexto de violencia de género” a la hora de juzgar y definir la pena de un asesinato. La confirmación de este objetivo llegó de la mano del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien había negado la diversidad sexual hace algún tiempo.