Los test toxicológicos también incluyen a los funcionarios del Ministerio de Seguridad. Según el gobierno de María Eugenia Vidal, no tiene objetivo punitorio, sino de ayuda. Algo similar se intentó hace años por parte de León Arslanián y fue un fracaso por los resultados.
En 90 días toda la dotación de Asuntos Internos, Narcotráfico y de Delitos Complejos de la Policía Bonaerense estarán monitoreados con test toxicológicos para detectar los consumos de drogas ilegales y alcohol en la institución. La medida, que en una primera tanda involucra a 1.300 agentes, también incluye al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, a sus subsecretarios y a la jefatura policial.
Según el anuncio de María Eugenia Vidal, “el nivel de expansión del narcotráfico en la Provincia determina la aplicación de este programa de prevención y de control” en la Fuerza conformada por 93.000 miembros.
“No tiene objetivo punitorio. Es, en principio, para que aquellos que consumen tenga la posibilidad de pedir ayuda y pueda reinsertarse”, explicó la gobernadora.
El plan determina, con carácter obligatorio, el test para ingresar a la Policía. ¿Qué técnica se aplicará? “Consiste en una muestra de saliva (con una pipeta), que es el mecanismo más rápido, u orina”, detalló el doctor Carlos Damín, jefe de la División Toxicológica del Hospital Fernández, en Buenos Aires. El profesional supervisará esta actividad a través de un convenio entre el ministerio de Seguridad y Fundartox, que provee la logística.
Los muestreos serán espontáneos, por sorteo –con los números de legajos– y en los lugares de trabajo. En caso de resultado positivo, los agentes afectados serán derivados a Sanidad para su atención.
“No puede ser que en nuestra área de Narcotráfico, vinculada directamente a la detección y represión de estos delitos, no sean sometidos a prueba”, puntualizó el ministro Ritondo. El plazo para incorporar a toda la planta de personal es de tres años. El modelo tiene similitudes con los adoptados en Nueva York, Canadá, Australia, Ecuador y fuerzas federales estadounidenses como la DEA y el FBI.
Vidal plantea el programa dentro de la reforma policial que comenzó con la obligación de presentar declaraciones juradas en las jerarquías superiores. Fueron 6.800 trámites. De allí surge la nómina de 300 casos de enriquecimiento ilícito que involucran a 1.000 policías. En la gestión Vidal, por diversas razones, fueron echados 4.439 agentes, suspendidos 1.515 y detenidos 362.
Antes del 30 de junio, 7.650 oficiales de rango inferior a subcomisario y oficial principal deberán presentar sus declaraciones. Incorpora esta grilla a la totalidad del personal de la Superintendencia de Investigaciones del tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado.
En todo este tiempo, las DJ dejaron expuestos casos como el comisario Néstor Omar Martín, hasta hace poco encargado del manejo de “la caja” más grande de la Fuerza que administra las horas extras y adicionales de todas las departamentales. El oficial, quien integró la cúpula de la Bonaerense, tiene varias propiedades en La Plata, dos millones de pesos ahorrados y hasta un helicóptero experimental. Lo echaron después del sumario y con causa judicial.
Las fuentes indicaron que desde diciembre de 2015, cuando comenzó la gestión actual, y hasta el mes pasado, se detectaron 145 casos de policías bonaerenses a los cuales les hallaron droga para consumo personal. Los descubrieron porque fueron denunciados por sus propios colegas, sus parejas o sus vecinos.