Se trata de una guerra: pero los contendientes no se tiran con balas, se tiran con expedientes. Desde hace años, la situación de la Sala D de la Cámara de Apelaciones en lo Civil es un campo de batalla que mantiene enfrentados a las juezas Ana María Brilla de Serrat y Patricia Barbieri con Diego Carlos Sánchez, el tercer integrante del tribunal.
La situación viene de lejos y ya generó hace dos años una presentación del plenario de la Cámara ante el Consejo de la Magistratura, que nunca resolvió la cuestión.
La novedad es que ahora las dos camaristas fueron denunciadas ante la justicia penal por dos abogados que tramitan una causa de divorcio, en la que pidieron medidas de protección para los hijos de la pareja. La denuncia por el presunto delito de prevaricato quedó radicada en el juzgado de instrucción N°24 a cargo de Juan María Ramos Padilla.
En el expediente en cuestión se debía resolver sobre la necesidad de modificar o tomar algunos resguardos en el sistema de visitas. La madre consideraba que sus hijos estaban en riesgo, de acuerdo con un conjunto de informes psicológicos realizados a su ex pareja.
Se esperó un tiempo prudencial, se ofreció prueba, pero el tiempo pasó sin que se tomara en cuenta el riesgo para los dos niños. Ello generó la reacción de la madre, quien impulsó instrucciones a sus abogados, Jorge Vanossi y Maximiliano Rusconi, para promover sendas denuncias penales y una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra las dos camaristas.
-¿Nos pueden contar de qué se trata la denuncia?
-Vanossi: sí, pero con un límite. No podemos dar algunas identidades (hay niños). Se trata de un caso no sólo de mal desempeño, sino creemos que la Justicia debe investigar la posibilidad de que se hayan cometidos delitos de acción pública. Por ello no sólo hemos hecho la denuncia en el Consejo de la Magistratura, sino también en la Justicia penal, donde ya nos fue adjudicado el rol de querellantes.
Rusconi: se trata de un caso de extrema gravedad, pero lo peor es que no se remite a un solo expediente, sino que estamos en presencia de un riesgo de violación y no reconocimiento de los derechos fundamentales de cualquier ciudadano que le toque en suerte un tribunal como este.
Solamente para que se imagine la gravedad de la situación, voy a citar palabras del compañero de sala de estas dos señoras, quien describe la situación de denegación de justicia del siguiente modo: “el trámite y proyecto de resolución en este expediente constituyen otro ejemplo de alienación, arbitrariedad, autocontradicción, autoritarismo, ilicitud, irracionalidad y mendacidad, por parte de mis compañeras de Sala doctoras Barbieri y Brilla de Serrat, de la “mayoría automática” que ellas forman; es otro ejemplo de su desinterés por el justiciable y por la Justicia toda”.
-Vanossi: en ese escenario una madre debe defender la integridad de sus niños. Es increíble.
-Rusconi: esto no puede mantenerse. Para que se tome debida nota, hay que subrayar que los demás miembros de la Cámara Nacional de Apelación en lo Civil consideraron que las consecuencias del comportamiento asumido por los miembros de la Sala “D” podrían afectar a los justiciables, expresamente consta que “luego de acordar por mayoría de votos, el retiro del recinto de los integrantes de la Sala “D”, los demás miembros de la Cámara Civil continuaron con el debate, sosteniendo la gravedad de los asuntos tratados por las consecuencias que eventualmente podrían afectar a los justiciables y al servicio de justicia en general”.
Vanossi: coincido con que se deben arbitrar los resortes que el sistema republicano prevé para establecer un límite a esta falta de justicia. Se trata de cosas graves, se trata de haber dictado resoluciones contrarias a la Constitución Nacional, a los tratados internacionales, las leyes nacionales invocadas por la parte, el Reglamento de la Justicia, omitiendo dar cumplimiento a lo allí dispuesto, contradictorias con sus propios antecedentes jurisprudenciales sin mencionar razón alguna para apartarse y por haber incurrido, definitivamente, en un retardo injustificado en la administración de justicia.
Rusconi: El doctor Diego Sánchez, no nosotros, sino el compañero de sala de estas dos señoras, ha hecho expresa mención a que “las resoluciones…..se han dictado y cumplido sin consultarme, sin que de ellas tuviere conocimiento hasta ahora; el proyecto sobre el que me pronuncio, lleva ya las dos firmas de mis compañeras; lo he recibido el 11 de julio, debiendo hasta firmar recibo para hacerlo”.
Como sabemos, el artículo 270 del C.P.C.C.N. establece que “los miembros de la Cámara se instruirán cada uno personalmente de los expedientes antes de celebrar los acuerdos para pronunciar sentencia”.
La manifestación hecha por el doctor Sánchez acredita que ningún tipo acuerdo, de deliberación ni de intercambio de ideas ha existido entre los miembros del tribunal para resolver sobre la procedencia de una medida cautelar que procura la protección de dos niños menores de edad. Aquí, queda reflejada que la conducta desplegada por las camaristas, deberá investigarse si no constituyen la comisión del ilícito regulado en el artículo 248 del Código Penal.
El artículo mencionado dice que “será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.
La pelea entre las dos camaristas y su compañero de sala no es nueva. Hace dos años el plenario de jueces de la Cámara tomó nota de la explosiva situación y realizó una presentación ante el Consejo de la Magistratura. Entonces el denunciado fue Sánchez. Los camaristas le reprocharon no firmar las sentencias y retener los expedientes. “Los integrantes de la mayoría del pleno–no todos- son más amigos de Brilla de Serrat que de la verdad”, dijo entonces al sitio Diario Judicial el camarista Sánchez. Desde entonces nada cambió.
Fuente: Crimen y Razón
