Las distribuidoras aducen que es por la devaluación y deudas pendientes. El Gobierno propondrá 30% de aumento.
Las primeras audiencias públicas para establecer las tarifas de gas desde el 1° de octubre pueden traer muy malas noticias para los usuarios.
Los defensores del pueblo de distintas municipalidades vienen pidiendo la suspensión de ese encuentro, dados los desequilibrios macroeconómicos recientes.
El Gobierno está convencido que la recomposición estará por debajo del 30%. Sin embargo, las propuestas que las distribuidoras le presentaron al Enargas exceden bastante esos números.
Gasnor, que opera en Salta, Tucumán y la Puna, solicitó una recomposición que orilla el 80%. Hay otras propuestas de nuevos cuadros con incrementos que van entre el 100% y 200% con respecto a los importes que rigen desde abril.
Se cree que el Enargas, ente regulador, no aprobará esas subas. Todo indica que se va hacia una tarifa “política”, donde los productores de gas no cobrarán de los distribuidores el precio que están esperando.
El precio del gas está en dólares, y las distribuidoras tienen que pagarlo en pesos equivalentes a la cotización del tipo de cambio. Eso cuesta ahora el doble que a fines de 2017, cuando se estableció el cuadro tarifario anterior, vigente este invierno. Además, como el dólar del período abril-setiembre se movió en un rango muy superior al de fines de 2017 (cuando estaba en $ 20), las distribuidoras quedaron con millonarias deudas con las productoras.
En la audiencia pública, las distribuidoras avisarán que necesitan una recomposición del 28% por inflación sobre su margen de distribución. Sin embargo, ese componente pesa poco en las facturas, con un impacto del 11%. El mayor peso en las boletas corre por el precio del gas “en boca de pozo”, o de “punto de ingreso al sistema”.
