En el Consejo de la Magistratura de la Nación, se impulsan medidas tendientes a limitar las denuncias contra los magistrados tal como hoy se encuentran reglamentadas, de forma libre y gratuita, a solicitud del presidente del cuerpo, el Camarista Laboral Mario Fera, el proyecto no solo busca limitar las denuncias, sino también que el cuerpo determine la malicia o temeridad de las denuncias, imputando tanto al denunciante como al abogado patrocinante.
En distintos medios y ámbitos judiciales se habla al respecto de esta polemica iniciativa, en la que bajo la excusa de la gran cantidad de denuncias, se intenta limitar lo que se entiende como un abuso, por parte de denunciantes, que pueden utilizar este mecanismo como un medio de presión política a los jueces en su desempeño.
La Comisión de Disciplina y Acusación aprobó semanas atrás un proyecto del actual presidente del cuerpo, el Juez Mario Fera, para cobrar una “tasa de Justicia” y exigir patrocinio letrado para todas las acusaciones que se inicien ante el organismo.
El proyecto terminará de definirse el año que viene, ya que primero debe ser tratado en la Comisión de Reglamentación y si bien se aprobara ahí antes de fin de año, no se discutirá antes del cierre de 2011.
En la actualidad no hay ninguna exigencia o impedimento para presentar una denuncia contra un juez: cualquier persona puede presentar un escrito en mesa de entradas con las exigencias mínimas requeridas (datos personales y alguna prueba que se vincule con la acusación). Estos factores generan que la mayoría de las denuncias sean desestimadas sin siquiera realizar una investigación mínima sobre el caso porque no hay elementos suficientes para abrir un expediente.
Si bien consejeros kirchneristas —como el representante del Ejecutivo, Hernán Ordiales, y la diputada Stella Maris Córdoba— ya se mostraron a favor del proyecto aunque con algunas diferencias respecto a la propuesta de poder declarar la “malicia” de las denuncias, consejeros aliados con el radicalismo como el abogado Daniel Ostropolsky se enunciaron decididamente en contra.
Lo cierto es que si bien existen denuncias infundadas o carentes de elementos de probanza, no menos cierto es que la mayoría de las denuncias son desestimadas sin tratamiento alguno o investigación. Con lo cual, muchos casos que realmente deberían ser investigados han tenido en ese mecanismo automático de desestimar un «premio» a la impunidad, con el único fundamento de desestimar «in limine»
La iniciativa introduce cambios en los artículos 2, 4 y 5 del reglamento del cuerpo que disciplina y selecciona a los jueces, así como introduce un nuevo artículo en el título V de la normativa.
Esta medida de ser aprobada, limita el acceso a la justicia de aquellos que no disponen de los medios para pagar un abogado que los patrocine y además abonar el costo para iniciar una denuncia contra un magistrado por mal desempeño o corrupción, lo que seguramente derivará en que las denuncias sean iniciadas en la justicia ordinaria y luego esta gire las actuaciones al Consejo de la Magistratura.
Este Consejo específicamente, no es la primera vez que adopta medidas que incluso van contra la Ley, algo disparatado si tenemos en cuenta que se trata del Consejo de la Magistratura y que los que han sugerido no respetar reglamentos y leyes son justamente jueces y abogados.
Si tenemos en cuenta, que muchos de estos, son propensos a no responder por sus acciones, a no justificar sus bienes o explicar las prolongadas licencias, es entendible que sea en propio beneficio y no de la sociedad el limitar las denuncias, al igual que los pedidos de informes.
Ya que de exigir se trata, como ciudadano creo que todos deberíamos reclamar que el Consejo de la Magistratura haga públicos los gastos en asesores que tiene cada consejero, y todo lo referente a los nombramientos que se realizan, también que se limiten los nombramientos de familiares de los consejeros que casualmente obtienen sus nombramientos durante la gestión de estos.
Seguiremos de cerca todas estas polémicas medidas que bajo una excusa de transparencia y responsabilidad al denunciar, ocultan otros interéses.
