El CELS pide a la ministra de Seguridad cambios en la Policía Federal

El Centro de Estudios Legales y Sociales dio a conocer un comunicado tras la muerte del joven Ariel Domínguez en el que reclama la «urgente necesidad de una reforma profunda» de la institución policial. Dudan de la versión que dice que el arma se haya disparado accidentalmente. 

El Centro de Estudios Legales y Sociales emitió un comunicado hoy donde pide al Ministerio de Seguridad a cargo de Nilda Garré la “urgente necesidad de una reforma profunda de la cultura y las prácticas de la institución” policial tras la muerte del joven Ariel Domínguez ayer en San Telmo.

Los principales puntos del comunicado del CELS bajo el título de «La muerte de Ariel Domínguez exige transformar la cultura y las prácticas de la Policía Federal”:

El asesinato de Ariel Domínguez por parte del efectivo de la comisaría n° 44 de la Policía Federal Marcelo Mendoza, ocurrido ayer en el barrio porteño de San Telmo, constituye un nuevo hecho de violencia policial extrema que pone de manifiesto una vez más la urgente necesidad de una reforma profunda de la cultura y las prácticas de la institución.

La persecución de adolescentes y el descontrol en el uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad son prácticas cotidianas que sólo adquieren visibilidad pública cuando tienen estas consecuencias gravísimas.

La coordinadora del Área de Políticas de Seguridad y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Marcela Perelman, afirmó que “para lograr una mejor inserción de las instituciones de seguridad en el sistema democrático es necesaria la implementación de una revisión integral de sus lógicas cotidianas y sus prácticas”.

Si bien aun no son claras las circunstancias en las que sucedió la muerte de Domínguez, el caso evidencia la violación de las mínimas normativas y protocolos sobre el manejo de armas. De acuerdo a las primeras investigaciones ordenadas por la Justicia a la Gendarmería Nacional, el tipo de arma utilizada por el cabo Mendoza minimiza las probabilidades de que ésta se disparara accidentalmente.

Además, la posibilidad de que el efectivo no haya tenido la intención de disparar no implica en forma alguna que se haya tratado de un accidente, sino que subraya la necesidad de reformar las prácticas institucionales de la Policía Federal.

El desarrollo de los hechos evidencia condiciones necesarias para que esta muerte pudiera ocurrir; como el desproporcionado despliegue de recursos policiales contra un grupo de adolescentes, la participación espontánea de un policía ajeno al operativo que cumplía servicios adicionales en la zona y el descontrol en el uso de la fuerza letal.

Una vez más, la inmediata versión policial intentó encuadrar lo sucedido en un accidente, como si esta hipótesis exculpara de responsabilidad sobre el manejo de las armas a la institución.

La decisión de separar a la Policía Federal de la instrucción y de los peritajes de la causa, implementada por la jueza María Gabriela Lanz, y la puesta en disponibilidad preventiva de Mendoza por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, constituyen acciones positivas que son condiciones para una investigación imparcial.

El CELS expresa su solidaridad con los familiares de la víctima y exige el esclarecimiento de las responsabilidades penales por parte de la justicia. A nivel administrativo, el Ministerio de Seguridad deberá determinar las responsabilidades funcionales y las circunstancias en las que se realizó el operativo que dio origen al homicidio.

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